La escena política del Distrito 13 de Nueva York se encuentra actualmente bajo un intenso escrutinio tras la difusión de declaraciones emitidas por Darializa Ávila Chevalier, quien se presenta como candidata del Partido Demócrata al Congreso por dicha demarcación. La controversia ha escalado luego de que se hicieran públicas sus posturas respecto a la aplicación de las leyes migratorias y el proceso de deportación de ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte publicado por el portal de noticias Breitbart el pasado 17 de junio de 2026, y posteriormente difundido por el periodista Ramón Mercedes a través del Diario Azua Nueva York el 18 de junio, la candidata ha mantenido una postura tajante y absoluta contra cualquier forma de deportación. En el artículo redactado por John Binder, titulado “Mamdani-Backed Democrat: ‘All Deportations Are Wrong’ - Even for Convicted Murderers & Child Rapists”, se detalla que Ávila Chevalier sostiene que todas las deportaciones son incorrectas, sin hacer distinciones basadas en el historial criminal del individuo.
El núcleo de la polémica reside en que esta postura incluye a aquellos inmigrantes indocumentados que han sido condenados por la justicia estadounidense por la comisión de delitos graves y violentos. Entre los crímenes mencionados en el reporte que, según la visión de la candidata, no deberían ser motivo de deportación, se encuentran el asesinato, el abuso sexual infantil, el secuestro y la violencia doméstica. Estas declaraciones fueron emitidas durante una entrevista concedida en un podcast, donde la aspirante al Congreso reafirmó que ninguna deportación es justificable bajo ninguna circunstancia.
Cuando fue cuestionada específicamente sobre la situación de aquellas personas que han sido condenadas por delitos violentos, Darializa Ávila Chevalier presentó un argumento basado en la naturaleza del castigo legal. Según la candidata, el hecho de que una persona sea sometida simultáneamente al sistema penal —cumpliendo una condena en prisión— y al sistema migratorio —siendo deportada de regreso a su país de origen— constituye una forma de “doble castigo”. Para Ávila Chevalier, esta penalización adicional es injustificable ya que se fundamenta exclusivamente en el lugar de nacimiento del individuo, lo que consideraría una discriminación en la aplicación de la justicia.
Este posicionamiento ha caído con fuerza en el contexto de la campaña para las primarias demócratas del Distrito 13, donde Ávila Chevalier se enfrenta al congresista en funciones, Adriano Espaillat. La naturaleza de sus declaraciones ha abierto un debate sobre los límites de las políticas migratorias y la protección de la seguridad ciudadana. Diversos críticos de la candidata han señalado que su visión representa una postura extrema en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias vigentes.
Los detractores de la candidata sostienen que ignorar la deportación de criminales convictos de delitos graves pone en riesgo la seguridad pública y debilita el estado de derecho. Para estos sectores, la deportación de personas condenadas por asesinato o abuso infantil no es una cuestión de discriminación por origen, sino una medida de seguridad necesaria para proteger a la comunidad.
La repercusión de estas declaraciones ha colocado la seguridad pública y la justicia migratoria en el centro de la disputa electoral. Mientras la candidata mantiene que el sistema actual impone castigos redundantes basados en la nacionalidad, sus oponentes y críticos argumentan que su postura ignora la gravedad de los delitos cometidos y la necesidad de remover del territorio nacional a personas que han demostrado ser peligrosas para la sociedad.
Hasta el momento, la postura de Ávila Chevalier permanece firme, consolidando una línea ideológica que rechaza la deportación como herramienta legal, independientemente de la gravedad de los crímenes cometidos por el individuo deportado. El impacto de este debate continuará definiendo la trayectoria de su campaña frente a la actual representación del Distrito 13.
