La entidad de Tabasco se encuentra nuevamente en el centro del debate público sobre la seguridad tras el hallazgo de dos personas sin vida en el municipio de Centro. Este suceso ha detonado un intercambio de posturas contradictorias entre las autoridades estatales y los representantes de la oposición, poniendo de relieve la tensión respecto a la percepción real de la incidencia delictiva en la región.
Los hechos violentos se registraron durante las primeras horas de este martes en la ranchería Río Tinto, específicamente en la tercera sección del municipio de Centro. De acuerdo con los reportes, los cuerpos de dos personas fueron abandonados en la zona en condiciones brutales, ya que se encontraban desmembrados. El descubrimiento fue realizado por habitantes de la localidad, quienes localizaron los restos humanos dispersos a la orilla de la carretera. De manera particularmente impactante, los testigos señalaron el hallazgo de una cabeza humana situada a mitad de la vía de circulación. Ante este escenario, los ciudadanos procedieron a dar aviso inmediato a los números de emergencia para que las autoridades correspondientes acudieran al sitio.
Ante la repercusión de estos hechos, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, ofreció declaraciones a la prensa en las que descartó categóricamente que la violencia esté experimentando un incremento en la entidad. El funcionario hizo un llamado directo a los representantes de los medios de comunicación, instándolos a actuar con responsabilidad al momento de informar sobre la situación de seguridad en el estado. Según López Obrador, el periodismo debe basarse en las estadísticas oficiales y no en percepciones aisladas.
Para sustentar su postura, el secretario de Gobierno presentó datos comparativos sobre la incidencia delictiva. Afirmó que, al inicio de la actual administración, la tasa de homicidios dolosos diarios se situaba en un 3.7%, mientras que, en la actualidad, dicha cifra ha descendido a menos del 2%. Con base en estas cifras, el funcionario sostuvo que la incidencia delictiva ha bajado, rechazando cualquier narrativa que sugiera que la criminalidad ha aumentado. En sus declaraciones, López Obrador enfatizó que la situación actual no es comparable con la que se vivió durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Al ser cuestionado específicamente sobre el hallazgo de los dos cuerpos desmembrados en el municipio de Centro, el secretario de Gobierno explicó que estos hechos responden a conflictos internos entre grupos criminales. Aseguró que se trata de bandas que se encuentran "peleando la plaza", una explicación que, según indicó, el gobierno ha mantenido desde su llegada al poder. Asimismo, resaltó la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas, insistiendo en que en ningún gobierno anterior se había logrado la detención de tantos delincuentes como en la administración actual.
Sin embargo, esta versión oficial fue duramente cuestionada por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Erubiel Alonso. El legislador denunció una realidad muy distinta a la presentada por el secretario de Gobierno, asegurando que la violencia es una constante diaria en Tabasco. Alonso afirmó que todos los días aparecen personas muertas en el estado, describiendo escenas de asesinatos y descuartizamientos que afectan tanto a hombres como a mujeres.
El diputado de Movimiento Ciudadano no solo cuestionó las cifras gubernamentales, sino que lanzó una acusación directa contra la administración estatal. Señaló que el gobierno de Tabasco está intentando callar estos hechos violentos y se dedica a ocultar información relevante para evitar que la magnitud de la crisis de seguridad sea evidente para la población.
Este choque de narrativas deja al descubierto la profunda brecha entre los datos estadísticos presentados por el Gobierno de Tabasco y las denuncias de la oposición y la realidad observada en operativos como el de la ranchería Río Tinto. Mientras el secretario de Gobierno insiste en la reducción de los índices delictivos y en el éxito de las detenciones, la oposición sostiene que el estado enfrenta una ola de violencia sistemática que el gobierno prefiere omitir.
