Una grave crisis migratoria y humanitaria ha salido a la luz este lunes tras la revelación de un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, al cual accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. El documento advierte que al menos 200 niños haitianos ingresaron a Chile durante el año 2025 bajo la figura de reunificación familiar, pero que el Estado ha perdido la trazabilidad de una parte significativa de ellos, existiendo la posibilidad de que la cifra de desaparecidos sea aún mayor.
A diferencia de los ingresos habituales por pasos fronterizos irregulares, estos menores arribaron al país mediante vuelos chárter —operaciones aéreas fuera de los itinerarios comerciales habituales— que aterrizaron en la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Según el informe, estos ingresos fueron autorizados por el propio Estado chileno, a pesar de que muchos de los procesos carecían de los controles migratorios y la documentación necesaria para acreditar los vínculos familiares declarados.
La investigación de la Contraloría detectó fallas críticas en la validación de datos. El sistema se basó principalmente en la información declarada por los interesados, sin que el Servicio Nacional de Migraciones validara domicilios o antecedentes de los tutores. Se identificaron 499 casos sin número de documento, datos duplicados y discrepancias severas entre los registros de la PDI y los del Servicio Nacional de Migraciones. En un aspecto especialmente alarmante, se detectó que al menos 12 adultos ingresaron reiteradamente como responsables de grupos de entre 2 y 18 menores, sin poseer vínculos de consanguinidad ni las autorizaciones legales correspondientes.
La gravedad de la situación se refleja en las fiscalizaciones en terreno realizadas por la Contraloría. En una muestra específica de 105 menores, el organismo no logró ubicar a 64 de ellos en los domicilios declarados como destino final. El preinforme concluye que la información se encuentra "en forma parcial, confusa o errónea", lo que evidencia una falta de interoperabilidad y coordinación entre el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.
Los antecedentes indican que las alertas comenzaron ya en enero de 2023, cuando el Servicio Nacional de Migraciones informó a la DGAC sobre un vuelo chárter desde Puerto Príncipe con 98 menores y solo dos adultos, vuelo que fue cancelado por falta de documentación. En esa misma fecha, la Defensoría de la Niñez advirtió sobre la "insuficiencia de la respuesta estatal". No obstante, en mayo de 2024, el entonces director de Migraciones, Luis Thayer, firmó el Memorándum N°1886/2024, que flexibilizó la solicitud de documentos para haitianos, permitiendo certificados de nacimiento sin legalización ni trámite consular. Este periodo coincidió con el peak de residencias temporales otorgadas a ciudadanos haitianos, alcanzando las 10.412 visas.
Durante el primer trimestre de 2025, aterrizaron múltiples vuelos chárter de las aerolíneas Galistair, Aruba y Caribbean Sun. Se detectaron anomalías graves, como el caso de febrero de 2025, donde se aprobaron permisos para tres niños cuyo padre había muerto un mes antes del viaje, ingresando los menores sin que el sistema detectara la irregularidad. En mayo de ese año, la PDI admitió que no existían protocolos específicos para el ingreso de menores por reunificación.
El punto más crítico ocurrió el 15 de octubre de 2025 con el vuelo WAL-801. De los 124 niños que partieron de Haití, solo 44 aterrizaron en Santiago tras una escala no programada en Lima y un cambio de avión. Simultáneamente, el gobierno removió al cónsul en Puerto Príncipe por denuncias de corrupción, dejando a Chile sin representación consular en Haití.
La reacción política ha sido inmediata. El presidente José Antonio Kast calificó la situación como "gravísima" y convocó a una reunión de emergencia en La Moneda con los presidentes del Congreso, el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Contraloría. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue designada como coordinadora interministerial para resolver la crisis. Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, suspendió la sesión ordinaria del miércoles para centrar los esfuerzos en el paradero de los menores, mientras que el biministro Claudio Alvarado señaló que las autoridades responsables deberán responder políticamente.
En el ámbito judicial, la Fiscalía Nacional abrió una causa penal por posibles delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, soborno y cohecho. El fiscal Eugenio Campos enfatizó que la prioridad es conocer el bienestar de los niños desaparecidos. Paralelamente, el actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum, denunció el tráfico ilícito de migrantes reiterado, apuntando a adultos, aerolíneas y agencias de viaje, y responsabilizó al gobierno de Gabriel Boric.
Internacionalmente, UNICEF ha exigido al Estado chileno aclarar con "máxima celeridad" el paradero de los niños, mientras que medios como Deutsche Welle, El País y Bloomberg han reportado sobre la posible existencia de una red de tráfico operando en el país.
