La localidad residencial de Oviedo, ubicada en las afueras de Orlando, se encuentra en una encrucijada administrativa y financiera. Tras una década de esfuerzos para modernizar su infraestructura de seguridad, la ciudad enfrenta ahora la posibilidad de que su departamento de policía desaparezca por completo debido a una inminente decisión electoral en el estado de Florida.
Actualmente, la comisaría de Oviedo cuenta con 36 años de antigüedad y presenta un deterioro evidente, con ventanas dañadas y goteras constantes. Además, el espacio físico ha resultado insuficiente para albergar a una plantilla policial que no ha dejado de crecer. Ante esta situación, las autoridades locales ya habían finalizado los planes para la construcción de una comisaría moderna, presupuestada en 18 millones de dólares, que incluiría instalaciones especializadas para el entrenamiento de agentes y espacios destinados a los perros de policía.
Sin embargo, el avance de este proyecto se ha detenido abruptamente. La razón es una enmienda electoral que los votantes de Florida decidirán en noviembre, la cual busca eliminar a aproximadamente el 60 % de los residentes del registro de impuestos sobre la propiedad. Para Oviedo, el impacto sería crítico, ya que los impuestos inmobiliarios generan la mitad de los ingresos municipales y son la fuente principal de financiamiento para el departamento de policía, el cuerpo de bomberos y el mantenimiento de los parques.
La alcaldesa de Oviedo, Megan Sladek, ha sido clara sobre las consecuencias de una posible aprobación de la medida. Según Sladek, si la propuesta es aceptada, la ciudad se vería obligada a disolver su departamento de policía una vez que los ahorros actuales se agoten, lo cual ocurriría en el plazo de un año. En ese escenario, las responsabilidades de seguridad y vigilancia serían transferidas al condado de Seminole. "¿Qué clase de tontos seríamos si invirtiéramos en una comisaría cuando no sabemos si podemos permitirnos mantener un departamento de policía?", cuestionó la mandataria en una entrevista con CNN, calificando la situación como un "efecto dominó desastroso de consecuencias imprevistas".
Este conflicto en Oviedo es el reflejo de una tendencia más amplia en Estados Unidos. Florida se ha convertido en el epicentro de una revuelta contra los impuestos a la propiedad, impulsada en gran medida por el hecho de que el valor de los bienes raíces ha aumentado casi un 27 % más rápido que la inflación desde 2020. Este incremento ha generado un malestar creciente entre los propietarios, quienes ven reflejado el aumento del valor de sus viviendas únicamente en una factura impositiva más alta.
A nivel nacional, la tendencia es similar. Entre 2020 y 2025, treinta y cuatro estados han aprobado reformas en sus impuestos sobre la propiedad. Estados como Ohio, Indiana y Wyoming aprobaron reducciones el año pasado, mientras que en Texas, el gobernador Greg Abbott propuso eliminar el impuesto inmobiliario destinado a la educación, sugiriendo utilizar el superávit presupuestario estatal para cubrir la brecha. En Dakota del Norte y Ohio, existen ya esfuerzos para recolectar firmas y abolir completamente estos tributos mediante enmiendas electorales.
En Florida, la situación es particularmente sensible porque el estado no cuenta con un impuesto sobre la renta personal. Por lo tanto, los municipios dependen casi exclusivamente de los impuestos sobre las ventas y la propiedad. Mientras que los primeros fluctúan según la economía, los impuestos inmobiliarios proporcionan la estabilidad necesaria para las arcas locales.
La enmienda electoral en cuestión propone elevar la parte del valor de una vivienda principal exenta del impuesto inmobiliario de 50.000 a 250.000 dólares para el año 2028, ajuste que se incrementaría anualmente según la inflación. Asimismo, reduciría al 5 % el límite actual del 10 % sobre los aumentos anuales de la tasación para propiedades comerciales, edificios de alquiler y viviendas que no sean la residencia principal. Para que esta medida entre en vigor, requiere la aprobación del 60 % de los votantes.
Aunque el gobernador Ron DeSantis solicitó inicialmente una enmienda para abolir todos los impuestos a la propiedad, la legislatura aprobó una versión más restringida que protege los fondos destinados a las escuelas públicas. DeSantis propuso la creación de un fondo fiduciario estatal para compensar a los gobiernos locales por las pérdidas, pero dicha disposición de financiamiento no fue incluida en la boleta electoral.
Las estimaciones de la Asociación de Condados de Florida advierten que, de aprobarse la enmienda, los condados perderían 3.600 millones de dólares en 2027 y 6.400 millones de dólares en 2028. Si bien zonas costeras prósperas como Miami o Palm Beach podrían mitigar el déficit aumentando los impuestos a las segundas residencias de lujo, las zonas del interior del estado, donde hay menos propiedades de alto valor y una base comercial limitada, quedarían vulnerables. Actualmente, casi la mitad de los 67 condados de Florida ya están designados como "con limitaciones fiscales".
Finalmente, expertos y autoridades señalan una inequidad estructural en el sistema actual. Debido a los límites de tasación, los propietarios antiguos pagan impuestos basados en valores muy inferiores a los del mercado actual, mientras que los nuevos compradores enfrentan cargos significativamente más altos por propiedades idénticas. Esta dinámica, sumada a la presión del costo de vida, ha reactivado una ola de protestas fiscales que recuerda a la Proposición 13 de California en 1978, la cual limitó drásticamente los aumentos impositivos en aquel estado.
