El complejo entramado legal que rodea a la gestora Sartor AGF ha sumado una nueva y reservada dimensión. De acuerdo con información corroborada por fuentes cercanas a la causa, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación enfocada en el presunto delito de lavado de activos, una arista que se desarrolla bajo estricta reserva y que amplía el radio de acción de las autoridades judiciales sobre la empresa.
Esta nueva línea de investigación se despliega de manera paralela a la causa principal, la cual fue iniciada durante el año 2024. Dicho proceso ya acumula más de diez querellas interpuestas por diversas víctimas, quienes acusan delitos graves tales como estafa, administración desleal y negociación incompatible, entre otros cargos. Estas acciones legales están dirigidas específicamente contra los socios de Sartor AGF, así como contra sus exdirectores y exejecutivos.
A diferencia del tronco principal del caso, que ha sido impulsado mayoritariamente por las querellas de los afectados y otros incumbentes, la investigación por el eventual blanqueamiento de capitales tiene un origen distinto. Según los antecedentes, este frente fue iniciado el año pasado a través de una denuncia directa presentada ante el Ministerio Público, lo que la convierte en una de las aristas más recientes y discretas de todo el proceso judicial.
El foco central de esta investigación por lavado de activos estaría puesto en las inversiones realizadas por los fondos de Sartor en el extranjero. Específicamente, el Ministerio Público analiza operaciones vinculadas a los controladores del grupo. Entre los puntos críticos de análisis se encuentra el proyecto inmobiliario denominado “Faena Residences Miami”, ubicado en Miami, Estados Unidos, el cual habría sido gestionado a través de la sociedad Downtown Investments. El objetivo de los fiscales es determinar si estas inversiones fueron utilizadas para canalizar o blanquear fondos de manera irregular.
Mientras se desarrolla esta arista secreta, la causa principal avanza hacia una eventual formalización de los imputados. Para lograrlo, se han desplegado diversas diligencias coordinadas entre la Fiscalía de Alta Complejidad y las Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI). Ambas instituciones han trabajado en la recolección de evidencias mediante la toma de declaraciones y la realización de peritajes técnicos.
En la actualidad, los esfuerzos investigativos se concentran en un análisis exhaustivo de las cuentas bancarias y los movimientos de recursos financieros. Esta etapa es crucial para establecer la trazabilidad del dinero y comprender el flujo de los fondos entre las diversas entidades y personas involucradas. A partir de este análisis, la fiscalía ya estaría definiendo las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados en el esquema de inversiones.
La magnitud del caso es considerable, tanto en términos monetarios como en el número de personas afectadas. Uno de los intervinientes en el proceso destacó la complejidad de la tarea, señalando que “hay muchas víctimas y un montón de dinero involucrado, eso requiere que se precise lo más posible lo que pasó”, subrayando la necesidad de una reconstrucción minuciosa de los hechos para hacer justicia.
A los ya mencionados delitos de estafa y lavado de activos, se suma otra controversia legal. En su calidad de gestora del fondo “Sartor Táctico”, se ha presentado una acusación contra una sociedad ligada a Pedro Pablo Larraín. La denuncia sostiene que dicha entidad busca “burlar el derecho de sus acreedores”, añadiendo una capa más de conflicto a la trama de inversiones con partes relacionadas que ha desatado la crisis al interior de la gestora Sartor AGF.
El caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía de Alta Complejidad y la PDI trabajando para cerrar las brechas de información y determinar el destino final de los capitales invertidos por los clientes de la gestora.
