La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles 17 de junio la urgencia para la votación de un proyecto que busca suspender los decretos emitidos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva referentes a la demarcación de tierras indígenas (TIs) en el estado de Santa Catarina. Esta decisión legislativa acelera el proceso de análisis de una propuesta que impacta directamente en el reconocimiento de territorios originarios en la región sur del país.
El requerimiento de urgencia fue presentado por la diputada Júlia Zanatta, representante del Partido Liberal (PL) por Santa Catarina. Con la aprobación de esta medida, el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 717/24, cuya autoría corresponde al senador Esperidião Amin (PP-SC), podrá ser sometido a votación directamente en el pleno de la Cámara. Este procedimiento implica que la propuesta no tendrá que transitar por las comisiones temáticas, lo que reduce significativamente los tiempos parlamentarios para su resolución final.
El alcance del PDL 717/24 no se limita únicamente a la anulación de decretos específicos. La propuesta también contempla la suspensión del artículo 2º del Decreto 1.775/1996, normativa que establece las reglas generales para la demarcación de tierras indígenas en el territorio brasileño. Esta medida técnica busca alterar los fundamentos sobre los cuales se han procesado las demarcaciones recientes.
Entre los actos administrativos que se pretenden anular se encuentran las homologaciones realizadas por el presidente Lula en diciembre de 2024. En aquella fecha, el Ejecutivo ratificó la demarcación de las tierras indígenas de Morro dos Cavalos, ubicada en el municipio de Palhoça, y de Toldo Imbu, situada en Abelardo Luz, ambas en el estado de Santa Catarina.
Desde el punto de vista procesal, el PDL ya ha superado una instancia legislativa crucial, habiendo sido aprobado por el Senado Federal en mayo de 2025. En caso de que los diputados den su aval definitivo al texto, el proyecto seguirá directamente hacia su promulgación. Esto significa que la medida entraría en vigor sin la necesidad de pasar por la sanción presidencial, eliminando la posibilidad de un veto por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ante este escenario, la Fundación Nacional de los Povos Indígenas (Funai) ha manifestado su postura técnica. El organismo afirmó que las tierras que fueron homologadas son el resultado de procesos de reivindicación colectiva. Según la Funai, estas acciones buscaron la efectivación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, asegurando que todo el proceso se llevó a cabo en conformidad jurídica con los normativos legales vigentes en el país.
Por otro lado, la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) ha expresado una fuerte crítica contra la aprobación del requerimiento de urgencia. La entidad emitió una nota en la que hace un llamado directo al presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), solicitando que no se incluya la materia en la agenda de votaciones.
En su comunicado, la Apib calificó al órgano legislativo como el "Congreso Enemigo del Pueblo", acusándolo de actuar para retirar derechos populares y anular actos administrativos concretos del Poder Ejecutivo. La organización sostiene que el Congreso está sobrepasando su propia función legislativa y que la medida no busca brindar seguridad jurídica, sino provocar un retroceso en los derechos indígenas que ya habían sido conquistados.
A este conflicto legislativo se suma la intervención del Poder Judicial. En enero de 2025, el ministro André Mendonça, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió los efectos del decreto que reconocía la posesión tradicional de los indígenas Kaingang sobre la tierra de Toldo Imbu. Hasta la fecha, el juicio que podría confirmar o revocar dicha medida liminar aún no ha sido concluido, manteniendo la situación jurídica de este territorio en un estado de incertidumbre.
