El Gobierno Nacional atraviesa una situación de alta tensión política centrada en la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario se encuentra en el centro de una tormenta que combina presiones parlamentarias en el Senado y una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, lo que ha generado fuertes pedidos de renuncia dentro y fuera de la coalición gobernante.
En el ámbito legislativo, la senadora del bloque Justicialista, Juliana Di Tullio, confirmó que el próximo 2 de julio Adorni deberá presentarse ante la Cámara de Senadores. Según Di Tullio, el objetivo de esta convocatoria es que el funcionario sea interpelado y, posteriormente, removido de su cargo. Esta decisión surge tras una sesión de la comisión de Labor Parlamentario, donde se rechazó que el jefe de Gabinete concurra únicamente para brindar un informe de gestión, tal como él mismo había indicado inicialmente. Ahora, Adorni deberá responder específicamente sobre el notable crecimiento de su patrimonio registrado durante el último año.
Para llegar a este escenario, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, negoció con la oposición dialoguista para postergar la sesión original hasta la semana próxima. Como contrapartida, se acordó que el jueves 25 la Cámara apruebe el pedido de interpelación para el 2 de julio. De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Nacional, para destituir a un jefe de Gabinete se requiere el voto de la mayoría absoluta (37 senadores y 129 diputados). El funcionario podría enfrentar el primer voto de censura a un jefe de Gabinete desde la creación del cargo en la Constitución de 1994.
En paralelo, la Justicia ha intensificado sus medidas. El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por enriquecimiento ilícito, solicitando copias sin editar de una entrevista concedida por Adorni al periodista José Del Rio en LN+. En dicha nota, el funcionario justificó un incremento patrimonial de más de 500.000 dólares, alegando que 200.000 fueron capital invertido en Bitcoin y 300.000 fueron ganancias obtenidas desde 2013 y 2014. Ante esto, Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores información sobre las plataformas de activos virtuales operantes en el país desde 2012 y pidió un cuadro técnico sobre la evolución del precio del Bitcoin.
La controversia se extendió a nivel internacional cuando el Gobierno difundió una fotografía del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo en París, durante una cumbre del GAFI. El viaje generó suspicacias dado que Lijo es precisamente el juez que investiga a Adorni por el presunto enriquecimiento ilícito.
La presión política ha escalado con pedidos explícitos de renuncia. El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó la situación de "vergüenza" y sostuvo que Adorni debe dejar su cargo por "dignidad". En la misma línea, el diputado del Pro Fernando de Andreis afirmó que el funcionario "no debería pasar un día más en el cargo". Asimismo, el movimiento social Barrios de Pie realizó una protesta frente a una propiedad de Adorni en el barrio de Caballito, recolectando firmas para exigir su despido.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei ha reducido al mínimo su actividad pública, permaneciendo en la quinta de Olivos y defendiendo a su funcionario a través de redes sociales. Se espera que el mandatario retome su agenda pública el próximo 20 de junio en Rosario, donde encabezará el acto del Día de la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. La Casa Rosada informó que el Gabinete completo acompañará al Presidente en este evento para dar una señal de unidad.
En otros aspectos políticos y judiciales, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa se vincula con transferencias de 200.000 dólares provenientes del empresario Fred Machado, quien admitió delitos de fraude y lavado ante la justicia norteamericana.
En el plano económico, el ministro Luis Caputo informó un superávit fiscal primario de 1.92 billones de pesos en mayo, mientras que el superávit financiero alcanzó los 478.613 millones de pesos. Respecto al riesgo país, el indicador registró una leve suba situándose en los 432 puntos básicos, aunque se mantiene en niveles mínimos en ocho años. Además, el oficialismo avanzó en Diputados con un proyecto para pagar 171 millones de dólares a los fondos holdouts Bainbridge y Attestor para cerrar litigios pendientes.
Finalmente, la agenda social fue marcada por la victoria de la selección argentina contra Argelia en el debut del Mundial 2026. Este hecho motivó que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dictara asueto administrativo para celebrar la "felicidad colectiva". Por su parte, la CGT utilizó el triunfo deportivo para publicar un spot instando al Gobierno a cuidar el trabajo y la industria nacional.
