El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, la productividad empresarial y el marco regulatorio de Argentina fue el eje central del análisis realizado por Raúl Sánchez, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), durante una intervención en Infobae en Vivo. El especialista planteó una visión multidimensional sobre cómo la irrupción tecnológica está reconfigurando no solo la manera de trabajar, sino también la demanda de recursos básicos y la estructura legal del país.
Uno de los puntos más destacados de su análisis fue la relación entre la tecnología y la jornada laboral. Sánchez sostuvo que los avances científicos y tecnológicos actuales permiten sostener los niveles de productividad con una carga horaria menor. Según el economista, hoy es posible producir la misma cantidad de bienes y servicios trabajando menos horas. No obstante, advirtió que la discusión sobre la reducción de los días laborales no es uniforme a nivel global. Mientras que en Europa el debate sobre la reducción de la jornada laboral avanza bajo ciertas condiciones, en América Latina el escenario es distinto debido a que los marcos legales suelen ser más flexibles y la cantidad de horas diarias trabajadas es significativamente mayor. En este sentido, Sánchez manifestó que la implementación de una semana laboral de cuatro días aún genera dudas.
En cuanto al tejido productivo, el director del Centro de Estudios Económicos puso el foco en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Alertó sobre la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de los costos que implica la implementación de la inteligencia artificial. Sánchez señaló que estos costos, impulsados principalmente por la alta demanda de energía que requieren estos sistemas, podrían trasladarse a los precios finales de los productos y servicios. Asimismo, realizó una comparación crítica sobre la generación de empleo: afirmó que la cantidad de puestos de trabajo creados por la industria de la IA es considerablemente menor en comparación con lo que generan sectores tradicionales como la construcción y la industria manufacturera.
El abastecimiento energético surgió como un factor crítico en la exposición de Sánchez. La inteligencia artificial requiere una capacidad energética masiva, y es aquí donde el especialista vinculó la problemática con el denominado Súper RIGI. Según Sánchez, en contextos donde la demanda de electricidad supera la oferta disponible, existe el riesgo de que las empresas tecnológicas sean priorizadas en el suministro. Esta situación podría perjudicar gravemente a las comunidades del interior del país; el especialista fue tajante al señalar que, si una empresa y un pueblo compiten por el mismo insumo eléctrico insuficiente, el pueblo quedaría sin suministro antes que la compañía.
Esta preocupación por la energía también llevó a Sánchez a expresar su escepticismo respecto a la propuesta de crear un distrito de IA en la ciudad de Buenos Aires. Consideró que concentrar una gran cantidad de empresas tecnológicas en el microcentro implicaría un consumo energético problemático. Además, advirtió que la instalación de estas compañías podría alterar el valor del metro cuadrado en la zona, impactando directamente en la plusvalía urbana.
En el plano ético y legal, el economista alertó sobre el peligro de que la inteligencia artificial tome decisiones de manera autónoma sin consultar a un ser humano. Ante este escenario, Sánchez subrayó la urgencia de establecer un marco regulatorio claro que determine la asignación de responsabilidades y defina quién debe asumir las consecuencias negativas o los errores derivados de decisiones tomadas por sistemas automatizados.
Finalmente, Sánchez analizó el rol del Estado y se refirió al proyecto del presidente Javier Milei sobre las "Sociedades IA". El mandatario propuso, a través de una columna en el Financial Times, un marco legal que otorgue personalidad jurídica y responsabilidad limitada a organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y sociedades automatizadas que operen mediante IA y blockchain, fomentando un desarrollo libre de regulación previa y un régimen fiscal competitivo. Ante esto, Sánchez afirmó que dicha propuesta responde a una ideología de un "Estado sin regulación prácticamente". El especialista concluyó reiterando que la integración de la IA en la producción y el empleo exige un debate amplio que abarque la regulación, las responsabilidades legales y el acceso equitativo a los recursos esenciales.
