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Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en diez provincias de Ecuador para combatir el crimen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en diez provincias y tres municipios del país, apenas dieciséis días después de que venciera el anterior.

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Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en diez provincias de Ecuador para combatir el crimen
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El presidente Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción por sesenta días en diez provincias y tres municipios de Ecuador ante una grave conmoción interna. La medida busca restablecer el orden público y permite que las fuerzas de seguridad ingresen a domicilios sin orden judicial previa para neutralizar actividades criminales. Esta decisión se suma a la estrategia de conflicto armado interno iniciada en enero de 2024. Pese a los operativos y la catalogación de bandas como terroristas, el país enfrenta una crisis crítica de seguridad, cerrando el año 2025 con un récord de 9,300 homicidios, la cifra más alta de Latinoamérica.

El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un nuevo decreto mediante el cual se establece un estado de excepción en diversas zonas del territorio nacional. Esta medida, fundamentada en la existencia de una “grave conmoción interna”, afecta a diez provincias y tres municipios específicos del país. La decisión gubernamental se produce apenas dieciséis días después de que hubiera vencido el estado de excepción anterior, marcando un retorno a las medidas extraordinarias de seguridad.

El nuevo decreto, que entró en vigor este martes, tiene una vigencia establecida de sesenta días. El alcance geográfico de esta medida es amplio, abarcando las provincias de Pichincha, donde se encuentra la capital Quito; Guayas; Manabí; Santa Elena; Los Ríos; El Oro; Esmeraldas; Santo Domingo de los Tsáchilas; Sucumbíos y Azuay. Adicionalmente, la medida se extiende a tres municipios específicos situados en otras demarcaciones: La Maná, en la provincia de Cotopaxi; Las Naves, en la provincia de Bolívar; y La Troncal, en la provincia de Cañar.

El objetivo central de este estado de excepción es facultar a las fuerzas de seguridad para intervenir en los territorios mencionados. Según el texto del decreto, estas acciones buscan “precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana”. Asimismo, la normativa tiene como finalidad “prevenir, contrarrestar, neutralizar, cualquier actividad criminal o delincuencial que afecte al ejercicio de garantías, derechos y libertades de la población”.

Una de las implicaciones más significativas de este decreto es la suspensión de la inviolabilidad del domicilio. Esta disposición legal permite que las fuerzas de seguridad ingresen en viviendas privadas sin necesidad de una orden judicial previa, siempre y cuando existan sospechas fundadas de que en el interior de dicha propiedad se estén llevando a cabo actividades ilícitas. Esta herramienta se presenta como un mecanismo clave para las operaciones de control en las zonas afectadas.

Este anuncio ocurre en un contexto de cambios en la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Hace un mes, durante una visita a Estados Unidos, el presidente Noboa había manifestado que no ampliaría el estado de excepción que había estado vigente desde el mes de abril en nueve provincias y que finalizó el pasado 1 de junio. En aquel momento, el mandatario fue claro al señalar: “No se extenderá. Si tenemos otro período en el que tengamos operaciones especiales, necesitaremos uno nuevo, pero un nuevo estado de emergencia”. De esta manera, el decreto actual cumple con la premisa de iniciar un nuevo periodo de emergencia en lugar de prorrogar el anterior.

La actual situación se enmarca en una estrategia de seguridad más amplia que comenzó en enero de 2024, cuando el presidente Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno”. Desde aquella fecha, el Gobierno ha implementado sucesivos estados de excepción, cuyo alcance y duración han ido variando según las necesidades y el contexto del momento. Como parte de estas acciones, algunas provincias también fueron sometidas a dos toques de queda nocturnos durante los meses de marzo y mayo, con la intención explícita de reducir la actividad criminal en el país andino.

Además de las medidas operativas y los decretos de emergencia, el Gobierno ha procedido a catalogar a las bandas criminales como “terroristas”, endureciendo la perspectiva legal contra estas organizaciones. Sin embargo, a pesar de la implementación de estas normativas y la movilización de las fuerzas de seguridad, los indicadores de violencia reflejan un escenario complejo.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, contabilizando aproximadamente 9.300 muertes violentas. Esta cifra sitúa al país a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios, evidenciando la persistencia de la crisis de seguridad que el gobierno de Daniel Noboa intenta mitigar a través de estos nuevos estados de excepción y operativos especiales.

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