El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció este lunes respecto a los hallazgos revelados por BBCL Investiga y el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR), los cuales exponen serias irregularidades en el proceso de ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al territorio nacional. Estos menores habrían accedido al país bajo la figura legal de reunificación familiar, un mecanismo que, según los reportes, presentó fallas críticas en su ejecución y fiscalización.
Ante la magnitud de los hechos, el secretario de Estado fue enfático al calificar la situación como un escenario de "mucha gravedad". Arrau subrayó que, independientemente de las justificaciones técnicas que puedan surgir, el hecho de que menores de edad hayan ingresado al país bajo condiciones irregulares plantea riesgos alarmantes. En sus declaraciones, el ministro advirtió que existe la posibilidad de que estos niños "podrían haber sido utilizados", sugiriendo la vulnerabilidad de los menores frente a posibles redes o manejos indebidos, razón por la cual instó a realizar todas las investigaciones pertinentes para esclarecer el destino y la situación actual de los involucrados.
En cuanto a las medidas inmediatas, el ministro de Seguridad Pública informó que, tan pronto tuvo conocimiento de la noticia, estableció contacto directo con el Director General de la Policía de Investigaciones (PDI). Arrau confirmó que ha solicitado un informe específico y detallado sobre estos casos para entender cómo se permitió el ingreso de los menores y en qué punto fallaron los protocolos de seguridad. Si bien reconoció que la gestión administrativa del tema recae primordialmente en la División de Migraciones del Ministerio del Interior, el ministro aseguró que ya ha tomado acciones concretas desde su cartera para abordar la problemática.
El caso ha generado una controversia institucional debido a declaraciones contradictorias sobre la responsabilidad de los fallos. El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, había señalado previamente que las irregularidades ocurrían precisamente en el momento del ingreso al país, situando la responsabilidad en los procedimientos de la PDI. No obstante, el ministro Arrau presentó una postura distinta basada en la información preliminar que ha recibido. Según el titular de Seguridad, los datos iniciales proporcionados por la Policía de Investigaciones contradicen la versión de Thayer, indicando que existía otro tipo de visación involucrada. Por este motivo, el ministro enfatizó que se encuentra a la espera del informe definitivo para determinar con exactitud dónde ocurrió la falla.
Paralelamente, el ministro vinculó este caso con un análisis más amplio que el Gobierno está llevando a cabo para robustecer el control migratorio en los diversos puntos de entrada al país. Arrau señaló que Chile necesita fortalecer sus sistemas de control para ser "bastante más estricto" en el ingreso de personas que presenten cierto tipo de alertas, reiterando que estas materias coordinadas con la División de Migraciones son prioritarias para garantizar la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos.
La gravedad de la denuncia se sustenta en los hallazgos del ente contralor. El documento de la Contraloría General de la República advirtió sobre fallas graves en los procesos de verificación, destacando que no se comprobó efectivamente el vínculo filial o la relación entre los adultos responsables y los menores de edad. Asimismo, se detectaron registros incompletos y controles migratorios debilitados que facilitaron estas irregularidades. Un dato particularmente preocupante revelado por la CGR es que, durante las labores de terreno, el organismo no logró ubicar a una parte de los niños que el propio Estado había autorizado a ingresar.
Dada la naturaleza de los hechos y la posible vulneración de derechos de menores, el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto. Se ha abierto una investigación de oficio que ha quedado bajo la responsabilidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la cual deberá determinar si existieron delitos en el proceso de reunificación familiar y quiénes son los responsables administrativos o criminales de estas omisiones.
