El análisis de la relación entre el conocimiento científico y la ejecución política ha cobrado una relevancia crítica en el contexto actual. A través de la obra “La brecha entre saber y hacer. Democracias más fuertes con políticas más efectivas”, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats, plantea una reflexión profunda sobre cómo la efectividad de las políticas implementadas es, en última instancia, el pilar que sostiene la fortaleza de los sistemas democráticos.
Para comprender esta dinámica, es necesario remitirse a la base teórica establecida por Max Weber hace más de un siglo. Weber formuló la confrontación entre la figura del político y la del científico, destacando cómo la política de masas dio lugar al político profesional. Este actor se caracteriza por una combinación de vocación y ambición, operando dentro de un juego electoral que sirve como mecanismo de promoción. En contraposición, el científico se consolidó como una figura fundamental en la sociedad industrial, apoyado en los supuestos epistemológicos del positivismo. En este marco, Weber también introdujo la compleja disyuntiva entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, un dilema que sigue vigente en la gestión pública contemporánea.
La evolución de las políticas públicas como disciplina tuvo un impulso significativo en el panorama británico posterior a la Primera Guerra Mundial. En aquel periodo, el Estado comenzó a atender demandas sociales mediante actuaciones inéditas que dieron forma a lo que hoy conocemos como políticas públicas. Figuras como Harold Laski y John Stuart Mill fueron prominentes en el abordaje de estas nuevas funciones estatales. Años más tarde, este cuerpo de conocimientos, desarrollado mayoritariamente en el ámbito anglosajón, fue divulgado en el mundo hispanohablante gracias a las contribuciones de Luis F. Aguilar Villanueva.
Joan Subirats aporta a este debate una perspectiva única, ya que su trayectoria no es puramente académica. Además de su labor docente e investigadora, Subirats ha desempeñado roles ejecutivos como concejal del ayuntamiento de Barcelona y ministro de Universidades en el gobierno de España. Esta dualidad le permite cuestionar la existencia de los recursos, la voluntad y el espacio necesarios para que el saber científico sea verdaderamente relevante en los debates sociales y políticos. El autor se pregunta en qué medida el conocimiento puede complementarse con las funciones de los ciudadanos, los representantes de diversos intereses y los responsables públicos, buscando nuevas respuestas a problemas que persisten en el tiempo.
La estructura de la obra se compone de 14 textos breves y un apartado de conclusiones donde se intenta trazar un puente sobre la brecha clásica que separa el saber del hacer. Subirats advierte que la fragilidad de las democracias actuales se concentra precisamente en su incapacidad para resolver problemas concretos, lo que abre la puerta a alternativas autoritarias que se presentan ante la ciudadanía como opciones más resolutivas y eficientes.
El autor sostiene que la ciencia aplicada a la política no puede ignorar la ciencia política, y específicamente el análisis de las políticas públicas. El análisis científico debe integrar los aspectos sociopolíticos y reconocer las limitaciones administrativas e institucionales que condicionan la implementación de cualquier medida. Asimismo, es fundamental considerar la perspectiva de los ciudadanos, quienes son los receptores finales de estas políticas.
Para lograr este objetivo, Subirats enfatiza que el científico no debe abandonar su rigor profesional, sino potenciar la interacción y la implicación activa con audiencias que no pertenecen al mundo académico. El propósito es reforzar la capacidad de acción del sistema democrático, asegurando que no se pierda el libre debate de ideas y opiniones, que es un componente estructural de la democracia.
En conclusión, el planteamiento de Subirats sugiere que la ciencia puede ayudar a distinguir los hechos consistentes de aquellos que no lo son. De esta manera, sin anular la posibilidad del disenso, se pueden construir bases más sólidas y efectivas para las políticas públicas, garantizando que la gestión del Estado sea capaz de responder con eficacia a las demandas de la sociedad.
