A mediados de junio de 2026, Venezuela se encuentra en un momento crítico de transición. Han transcurrido más de cinco meses desde que Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, señalados como líderes del Cartel de los Soles, fueron capturados y encarcelados por las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los discursos oficiales sobre cambios políticos y procesos de transición en el país, persiste una realidad cruda: la maquinaria represora de la narcodictadura permanece intacta y operando a plena capacidad.
Esta estructura, compuesta por organismos policiales, militares y paramilitares, continúa dedicada a actividades criminales que incluyen el espionaje, el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la extorsión y la persecución sistemática. Los objetivos de estas acciones son diversos, abarcando desde dirigentes políticos y sociales, gremialistas y periodistas, hasta ciudadanos comunes que reclaman el respeto a sus derechos fundamentales.
Aunque en las últimas semanas no se hayan registrado secuestros o desapariciones que hayan llegado al conocimiento de la opinión pública, esto no implica que los grupos represivos estén inactivos o en proceso de reforma. Por el contrario, estas entidades, carentes de legitimidad y responsables de graves delitos contra la dignidad humana, mantienen sus operaciones concentradas en el espionaje, el seguimiento de personalidades, la construcción de expedientes falsos y la planificación de nuevas detenciones arbitrarias.
Dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como en los grupos especiales de la Policía Nacional Bolivariana y las unidades de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la consigna actual es clara: “Aquí nadie retrocede”. Lejos de ser desmantelados, los programas de entrenamiento se mantienen y se ha procedido incluso al reclutamiento de nuevos integrantes.
Uno de los puntos más preocupantes es el estado de impunidad en el que se encuentran los torturadores. Estos funcionarios no han sido jubilados ni reasignados; continúan en sus puestos con las mismas expectativas y asignaciones. La posibilidad de que se inicien investigaciones es mínima, ya que quienes poseen la autoridad para ordenarlas forman parte de las mismas cadenas de mando y estructuras delictivas. Existe una percepción de protección mutua entre los funcionarios activos, quienes sostienen que, si uno de ellos cae, el efecto dominó alcanzaría a todos los niveles de la organización.
Desde una perspectiva estructural, se advierte que la dirigencia de la sociedad venezolana no ha comprendido la magnitud del problema legal, institucional y social que representa esta maquinaria. Se trata de miles de funcionarios, sumados a miles de custodios y guardias penitenciarios, cuyo oficio principal ha sido la violación de los Derechos Humanos. Esta especialización incluye castigos corporales, tortura psicológica diseñada para fracturar el ánimo de los presos políticos y sofisticados esquemas de extorsión dirigidos a los familiares de los detenidos.
La influencia de estas mafias organizadas no se limita a los centros de detención clandestinos ubicados en zonas de Caracas como Boleíta, El Helicoide, Plaza Venezuela, Lomas del Tamanaco, Parque Carabobo o San Bernardino. Estos agentes están infiltrados en ministerios, empresas del Estado y ocupan altos cargos de seguridad oficial. Algunos dirigen grupos de guardaespaldas y conductores de altos funcionarios, mientras que otros gestionan lucrativos negocios de importación de equipos de espionaje y servicios de protección privada para familias con alta capacidad económica.
Asimismo, se ha revelado que estos grupos operan en el sector privado como responsables de unidades de seguridad, transportan valores y, según investigaciones periodísticas internacionales, dirigen células de sicarios para casos específicos. Su presencia se extiende a puertos, aeropuertos, el Seniat, medios de comunicación oficialistas y diversas operaciones de lavado de dinero, incluyendo negocios en la frontera con el ELN y las exFARC. Incluso mantienen capacidades de espionaje y sabotaje fuera del territorio venezolano.
Ante este escenario, se advierte que la detención de unos pocos jefes torturadores sería insuficiente para desmantelar la cultura de la represión. Es necesario un proceso complejo y sistemático de depuración, similar a los procesos de desnazificación y desestalinización, para garantizar que la maquinaria represora no siga siendo un obstáculo en la construcción de una Venezuela democrática.
