El Gobierno de Venezuela ha formalizado un acuerdo estratégico con la corporación estadounidense General Electric con el objetivo primordial de iniciar la recuperación de un sistema eléctrico nacional que se encuentra severamente deteriorado. El anuncio fue realizado este lunes, 15 de junio de 2026, por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, durante un acto oficial llevado a cabo en el palacio presidencial de Miraflores.
La actual mandataria, Delcy Rodríguez, ejerce la presidencia de manera temporal tras la caída de Nicolás Maduro, evento ocurrido durante una incursión estadounidense en enero del presente año. Como parte de su gestión para estabilizar los servicios básicos, Rodríguez había mantenido una serie de diálogos con la multinacional estadounidense desde el pasado mes de abril, buscando soluciones técnicas y operativas para atender la crisis energética que afecta a todo el territorio venezolano.
De acuerdo con los detalles revelados por la presidenta encargada en el palacio de Miraflores, el plan de recuperación se ha estructurado en etapas temporales con metas claras de generación. El acuerdo contempla la recuperación de 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses de ejecución. En un plazo más extenso, proyectado a cuatro años, la meta es alcanzar la recuperación de más de 5.000 megavatios en total.
La magnitud de la crisis actual ha sido subrayada por figuras políticas y datos oficiales. El diputado opositor Ezio Angelini, en declaraciones brindadas a la agencia AFP durante una sesión parlamentaria, proporcionó una comparativa histórica para ejemplificar el desplome de la capacidad energética del país. Según Angelini, antes de la llegada del chavismo al poder en 1999, Venezuela poseía una capacidad de producción de 20.000 megavatios diarios, mientras que el consumo promedio se situaba alrededor de los 12.000 megavatios por jornada, manteniendo así un superávit operativo.
En contraste, la situación actual refleja un déficit crítico. El parlamentario explicó que, en el presente momento, el país produce aproximadamente 12.000 megavatios, pero el consumo diario ha ascendido a 14.000 megavatios, dejando al sistema incapaz de cubrir la demanda básica de la población. Esta brecha se ha vuelto aún más evidente en fechas recientes; el gobierno informó que el pasado 7 de mayo, Venezuela alcanzó una demanda eléctrica de 15.579 megavatios, registrando la cifra más alta de demanda en los últimos nueve años.
Este colapso energético tiene repercusiones directas en la calidad de vida de los ciudadanos. Gran parte de la población venezolana enfrenta apagones diarios que, en muchos casos, se prolongan hasta por diez horas consecutivas. Un dato relevante es que estas interrupciones del servicio se han extendido incluso a la ciudad de Caracas, zona que durante años había permanecido exceptuada de los cortes eléctricos masivos que afectaban al interior del país.
Más allá del impacto social, expertos han advertido que la estabilización del suministro eléctrico es un requisito indispensable para cualquier intento de reflotar la industria petrolera, el sector económico más importante de Venezuela. Sin energía constante y confiable, la operatividad de las instalaciones petroleras se ve comprometida, limitando la capacidad de producción y exportación del país.
Para llegar a este acuerdo, General Electric desplegó un equipo técnico en Venezuela durante seis semanas. Durante este periodo, la empresa estadounidense realizó un levantamiento técnico preciso y minucioso sobre la totalidad del Sistema Eléctrico Nacional. Este diagnóstico abarcó tanto la generación hídrica como la generación térmica, permitiendo diseñar la hoja de ruta para la recuperación de las plantas y redes de distribución.
La crisis actual tiene raíces profundas en las políticas de gestión del sector. En el año 2007, la nacionalización del sector eléctrico resultó en la salida de 14 empresas eléctricas, algunas de las cuales contaban con capital extranjero y experiencia técnica en la operación del sistema.
En respuesta a esta situación, el Parlamento venezolano ha iniciado, a principios del presente mes, la discusión de una reforma legislativa. Esta propuesta busca abrir la puerta al capital privado para participar en la recuperación del sistema eléctrico, aunque este se mantendrá bajo control estatal.
Durante el acto de firma, Delcy Rodríguez calificó la alianza con General Electric como "un paso histórico" que permitirá devolver la funcionalidad a un servicio tan esencial como la electricidad, subrayando la importancia de contar con el respaldo técnico de la firma estadounidense para revertir el deterioro acumulado.
