La defensa técnica del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, ha presentado un rechazo formal ante la solicitud de confidencialidad impulsada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa contratista Progen Industries. Este movimiento legal se desarrolla en el marco de un proceso judicial llevado a cabo en un tribunal federal de Florida, Estados Unidos, donde se dirimen las responsabilidades derivadas de los millonarios contratos suscritos durante la crisis eléctrica que afectó al país.
El pronunciamiento, emitido este 15 de junio de 2026, surge como una respuesta directa a la moción conjunta interpuesta por la estatal ecuatoriana Celec, la firma Astrobryxa Capital LLC y la compañía Progen ante la Corte de Tampa. A través de dicha solicitud, estas entidades buscan que se imponga una reserva probatoria estricta sobre una serie de documentos, testimonios y rastros financieros. Estos elementos son el resultado de los contratos de generación eléctrica que fueron firmados durante el periodo de emergencia del año 2024, los cuales posteriormente fueron catalogados como fallidos.
Para el equipo legal de Antonio Gonçalves, quien estuvo al frente del Ministerio de Energía entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024, el acceso a estos expedientes es fundamental. La defensa sostiene que las diligencias y la evidencia producida en el exterior representan la vía técnica y procesal más viable para lograr identificar a los verdaderos responsables de la operación. El objetivo central, según los abogados, es determinar con precisión el destino final de aproximadamente 104 millones de dólares provenientes de los fondos públicos.
En el comunicado oficial emitido por la defensa del exministro, se enfatiza que el derecho a la información prevalece sobre los intereses privados de las empresas involucradas. "La sociedad ecuatoriana tiene derecho a conocer la verdad completa sobre lo ocurrido. Los ecuatorianos merecen transparencia, no secretismo", señala el documento, en el cual se rechaza tajantemente la maniobra legal de Celec, basándose en la premisa de que "el que nada debe, nada teme".
Por su parte, la Corporación Eléctrica del Ecuador ha justificado su pedido de reserva argumentando que la divulgación de los peritajes y la información contractual detallada podría exponer "secretos comerciales" críticos. Asimismo, Celec sostiene que la liberación de estos datos comprometería la seguridad de los ejecutivos que participaron en el proceso. Un punto particularmente polémico de la solicitud es la regla de confidencialidad propuesta, la cual exige que, una vez emitido el fallo judicial, transcurridos 60 días, la totalidad de la información y los datos recabados durante el litigio civil deban ser devueltos o destruidos en su totalidad.
Esta disputa legal en Estados Unidos ocurre en un momento crítico para el exministro Gonçalves, quien se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado en Ecuador. Actualmente, el exfuncionario forma parte de una lista de 21 personas investigadas por su presunta participación en el delito de peculado. Este proceso se enmarca en el denominado "Caso Apagón-PROGEN", una investigación originada tras el incumplimiento en la instalación de las plantas de generación termoeléctrica en las localidades de Quevedo y El Salitral.
Dentro de la lista de investigados también figura el exministro Roberto Luque, junto a otras exautoridades que gestionaron la crisis energética. La defensa de Gonçalves insiste en que blindar la evidencia en Florida dificultaría las diligencias de la Fiscalía ecuatoriana y entorpecería la búsqueda de justicia sobre el uso de los recursos estatales destinados a mitigar la emergencia eléctrica de 2024. El caso continúa en fase de diligencias, mientras la Corte de Tampa deberá decidir si concede la reserva solicitada por Celec y Progen o si permite la apertura de los documentos en favor de la transparencia pública.
