La Municipalidad Provincial de Piura se encuentra en una situación crítica que amenaza la culminación de proyectos fundamentales para el desarrollo urbano de la ciudad. Debido a la falta de transferencia de recursos financieros por parte del Gobierno Ejecutivo, tres obras de gran envergadura corren el riesgo inminente de ser paralizadas en el corto plazo, lo que podría derivar en un escenario de demandas legales y arbitrajes contra la comuna provincial.
El alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, ha denunciado públicamente que el Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los 115 millones de soles con la municipalidad. Según el burgomaestre, estos fondos son indispensables para reactivar proyectos que ya se encuentran detenidos o que están a punto de suspender sus actividades por la carencia de presupuesto. Cevallos subrayó que esta problemática no es aislada, afirmando que existen miles de obras públicas en todo el territorio nacional que atraviesan situaciones similares de desfinanciamiento.
La gravedad de la situación se refleja en los datos proporcionados por el sistema de información pública de obras “Invierte.pe”. Este sistema detalla que, en el caso de dos de las obras más urgentes, la Municipalidad no cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para cubrir el pago de las valorizaciones correspondientes tanto a la ejecución de los trabajos como a la supervisión técnica.
La primera de estas obras es la construcción de pistas y veredas en el Asentamiento Humano Pachitea, un proyecto con un presupuesto de 5 millones de soles. A pesar de que la obra presenta un avance físico considerable del 84%, el saldo pendiente por financiar asciende a 1 millón 669 mil soles. Sin este monto, el tramo final de la obra podría quedar inconcluso.
En una situación aún más delicada se encuentra la construcción y mejoramiento de la Av. B, D, Los Algarrobos, y la calle 5 hasta la Av. Sánchez Cerro. Esta obra, que cuenta con una inversión de 19.3 millones de soles, registra un avance que supera el 40%. No obstante, el déficit financiero para el pago de las valorizaciones ya superaría los 9 millones de soles, lo que coloca el proyecto en una posición de vulnerabilidad extrema frente a una posible paralización.
Por otro lado, la construcción del Teatro Municipal, valorada en 39 millones de soles, también enfrenta serias dificultades presupuestarias. El último reporte de Invierte.pe, con fecha al 12 de junio, indica que existe una falta de disponibilidad presupuestal y financiera para cumplir con las obligaciones programadas para el año en curso, según el cronograma establecido. Actualmente, el avance físico de este proyecto es de apenas el 18,6%. Ante esto, la municipalidad ha informado que se continuarán las gestiones ante el Ministerio de Cultura para intentar asegurar los fondos y evitar la suspensión de los trabajos.
El origen de esta crisis radica en que la mayoría de estas obras fueron gestionadas bajo convenios de cofinanciamiento con los ministerios de Vivienda y Cultura. Basándose en los compromisos asumidos previamente por el Ejecutivo, la Municipalidad de Piura procedió con los procesos de licitación y la firma de contratos con las empresas constructoras. Sin embargo, la falta de flujo de caja proveniente del gobierno central ha dejado a la entidad local sin capacidad de pago.
Desde la perspectiva técnica y legal, Manuel Asmat, decano del Colegio de Ingenieros de Piura, ha alertado sobre las consecuencias jurídicas de este incumplimiento. Asmat señaló que la municipalidad está expuesta a arbitrajes y demandas judiciales debido a la falta de financiamiento. El decano explicó que, cuando un contratista deja de percibir el pago de dos o tres valorizaciones, está legalmente facultado para resolver el contrato, lo que conlleva la paralización inmediata de los trabajos.
Según Asmat, el impacto no terminaría con la detención de las obras, sino que se extendería a demandas por daños y perjuicios, así como reclamos por daño emergente, lo que incrementaría significativamente el costo final de los proyectos y generaría un perjuicio económico adicional para el Estado y la ciudadanía piurana.
