La UCO halla el compendio de operaciones de las 'cloacas de Ferraz' contra jueces y fiscales

Un informe ampliado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez el pasado 11 de junio y al que ha tenido acceso El Confidencial, ha revelado la existencia de un documento clave que detalla las operaciones diseñadas por las llamadas "cloacas de Ferraz". Este archivo, titulado "Incumplimientos", constituye un compendio exhaustivo de las actividades dirigidas contra diversos jueces y fiscales, incluyendo gestiones realizadas dentro de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Álvaro García Ortiz.

El hallazgo de este documento es especialmente relevante debido a su ubicación y procedencia. Según los investigadores, el archivo fue encontrado tanto en un ordenador portátil marca Lenovo intervenido a Leire Díez durante las actuaciones realizadas en diciembre de 2025, como en una serie de dispositivos electrónicos que Santos Cerdán dejó en un sótano de la sede del PSOE tras su detención y destitución como secretario de Organización del partido. Estos dispositivos fueron posteriormente encerrados bajo llave por la actual dirección de Ferraz antes de que la UCO los requisara.

Para la UCO, este hecho demuestra que Leire Díez, descrita como la "fontanera de Ferraz", rendía cuentas de todas sus operaciones a la cúpula del PSOE. El documento "Incumplimientos" no solo servía como registro, sino como una hoja de ruta de las acciones emprendidas para atacar a quienes el partido consideraba sus enemigos.

Entre las operaciones detalladas en el informe destaca el plan para atacar al juez Marchena, calificado en el documento como una de las "bestias negras" de las causas de corrupción que afectan al PSOE, y quien juzgó el caso de revelación de secretos relacionado con García Ortiz. En el texto se afirma explícitamente que el excomisario Villarejo posee las pruebas que demostrarían la supuesta corrupción de Marchena. Asimismo, el documento recoge las negociaciones para que la Fiscalía llegara a un acuerdo con Villarejo, un intento que, según el propio informe, fracasó cuando el fiscal manifestó al abogado del excomisario que tenía "un teléfono escacharrado" y que no habría acuerdo posible.

El informe de la UCO también pone el foco en la estrategia para intentar dinamitar el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en Badajoz. El documento "Incumplimientos" recoge la actuación de un abogado, Luis Sáenz de Tejada, quien presentó una denuncia contra la jueza Biedma, instructora del caso. Inicialmente, la secretaría técnica de la Fiscalía desestimó la denuncia de inmediato. Sin embargo, días después, Sáenz de Tejada reenvió la misma denuncia a la Fiscalía General de Álvaro García Ortiz, quien la volvió a tramitar. El objetivo, según las agendas de Leire Díez, era que el asunto "estallara" antes de que se produjera la imputación formal de David Sánchez.

La implicación de Santos Cerdán en estas maniobras queda reflejada en las agendas requisadas por la UCO en las cajas bajo llave del sótano de Ferraz. En una de ellas, el entonces secretario de Organización del PSOE anotó específicamente: "Badajoz: que Fiscalía apoye el recusación". Esta anotación, sumada a la posesión de la copia del documento "Incumplimientos", lleva a los investigadores a concluir que Cerdán estaba plenamente informado y consciente de las líneas de actuación desarrolladas por las cloacas de Ferraz.

Otras dianas mencionadas en el documento incluyen al fiscal Grinda, señalado como el responsable de las causas relacionadas con la "policía patriótica", y al fiscal Anticorrupción Luzón, jefe de Grinda. Sobre este último, el texto resalta su cargo en el juicio de Hidrocarburos, una causa que generaba especial preocupación tanto en las cloacas de Ferraz como en el propio Santos Cerdán.

Finalmente, el compendio de operaciones recoge intentos de abrir causas judiciales contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y contra la entidad ING. También se detallan acercamientos al exsecretario de Estado de Interior del PP, Francisco Martínez, juzgado en el caso Kitchen, y negociaciones orientadas a beneficiar al empresario Javier Pérez Dolset, socio de Leire Díez en estas actividades. La UCO considera que todo este conjunto de evidencias es "muy relevante" para la investigación en curso.