La disputa por la presidencia de la República del Perú ha ingresado en su fase más crítica y decisiva. El proceso se desarrolla en un clima de extrema tensión política, marcado por un escrutinio sumamente ajustado entre los dos candidatos principales: Keiko Fujimori, quien actualmente lidera la tendencia, y Roberto Sánchez. La incertidumbre persiste mientras avanzan las tareas de revisión de las actas observadas, un proceso técnico que, según las estimaciones, podría prolongarse durante varios días o incluso semanas antes de alcanzar una definición final.
De acuerdo con los datos oficiales, se ha contabilizado ya más del 98,4% de las mesas electorales. En este escenario, la candidata de Fuerza Popular conserva una ventaja mínima sobre el postulante de Juntos por el Perú. La diferencia es de apenas 9125 votos, una cifra sumamente reducida si se considera que el padrón electoral comprende más de 18 millones de sufragios. Esta paridad coloca a estos comicios como una de las elecciones más reñidas en la historia reciente del país.
En medio de este panorama, la tensión ha escalado debido a las solicitudes de revisión del proceso. Este sábado, Keiko Fujimori rechazó categóricamente la propuesta de su rival, quien había solicitado un recuento total de los votos emitidos. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que dicho mecanismo no es aplicable de manera general, sino que está contemplado exclusivamente para aquellas actas que han sido observadas y bajo la decisión soberana de las autoridades electorales competentes. Fujimori enfatizó que la democracia debe basarse estrictamente en el respeto a las reglas, las leyes y la Constitución. Asimismo, remarcó que son los Jurados Electorales Especiales (JEE), que operan bajo la órbita del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las entidades encargadas de determinar los casos específicos en los que procede la revisión de los votos.
Por su parte, el candidato izquierdista Roberto Sánchez había planteado formalmente el viernes la necesidad de un recuento total. Durante una conferencia de prensa, Sánchez propuso que ambos bandos solicitaran conjuntamente una revisión exhaustiva de todo el proceso, haciendo especial énfasis en aquellos puntos donde existan indicios presuntos de que no se ha mantenido la transparencia correspondiente.
Esta propuesta fue rebotada por Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Fujimori. Galarreta señaló que su partido mantendrá una postura de prudencia mientras se completa el conteo final. El dirigente aclaró que el recuento de votos no puede realizarse por una simple iniciativa personal o partidaria, sino que debe seguir el procedimiento establecido en la norma electoral. Según Galarreta, las impugnaciones, las nulidades y los reconteos tienen un camino legal y procedimental que debe ser respetado rigurosamente.
Actualmente, el foco del proceso electoral se encuentra en la revisión de 1479 actas electorales que han sido observadas. Estas actas representan aproximadamente 400.000 votos, una cantidad que supera ampliamente la diferencia actual entre los candidatos. Las razones de estas observaciones incluyen inconsistencias en los datos, errores materiales en el llenado o impugnaciones presentadas por los personeros de los partidos políticos, lo que obliga a que cada una sea analizada detalladamente por los JEE.
Especialistas en materia electoral han advertido que, dada la extrema paridad de los resultados, cada resolución emitida por los jurados puede alterar significativamente el resultado final. Se ha observado que una concentración considerable de actas observadas se encuentra en la región de Lima y en los centros de votación del exterior, lo que sugiere que, tras la correcta revisión, los resultados podrían favorecer a la candidata de Fuerza Popular.
El procedimiento técnico establece que, si el error detectado en un acta impugnada es subsanable, el acta se corrige y se incorpora al cómputo general. No obstante, si persisten dudas mayores, se procede a convocar audiencias públicas, las cuales son transmitidas en línea. En estas sesiones, se revisan los votos físicamente en presencia de representantes de ambas fuerzas políticas y el jurado puede ordenar un recuento puntual de los sufragios.
Paralelamente, continúa la controversia por los pedidos de nulidad. El equipo legal de Roberto Sánchez solicitó invalidar alrededor de 2400 actas, alegando la existencia de patrones irregulares en la votación y problemas logísticos en el traslado del material electoral proveniente del extranjero. Hasta el momento, el JNE ya ha rechazado dos de estos recursos debido a cuestiones formales, mientras se aguarda la resolución de nuevas presentaciones y apelaciones. En sentido similar, el fujimorismo también ha impulsado pedidos de nulidad, aunque en menor volumen, enfocándose en actas de regiones donde denunciaron que se restringió la participación de sus observadores.
En el ámbito social, Keiko Fujimori ha intentado reducir la temperatura política mostrándose abierta al diálogo con diversos dirigentes, incluido su rival Sánchez. A pesar de ello, expresó su preocupación por las movilizaciones convocadas tanto para denunciar irregularidades como para defender los resultados. Si bien reconoció que la protesta es un derecho constitucional, pidió a la ciudadanía tomar con cautela las razones que motivan dichas marchas.
El desenlace final sigue abierto y depende de las resoluciones del sistema electoral. El JNE tiene plazos de hasta tres días hábiles para pronunciarse sobre cada recurso presentado. Aunque el cronograma oficial prevé la proclamación del presidente electo para mediados de julio, un posible incremento en la brecha de votos entre los candidatos podría anticipar la definición del proceso.
