La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha presentado una ambiciosa propuesta de "programa de alivio económico" con el objetivo primordial de reactivar la actividad productiva y el consumo interno, los cuales se han visto severamente afectados tras la debacle provocada por los recientes bloqueos de carreteras en el país. El plan contempla una serie de medidas urgentes diseñadas para contrarrestar la caída de la demanda que actualmente impacta a todos los sectores de la economía nacional.
Uno de los ejes centrales de esta propuesta es la implementación de un bono familiar de Bs 1.000. Según el planteamiento de la CNI, este beneficio consistiría en un pago único destinado a 3,5 millones de personas que no cuentan con ingresos fijos. De concretarse esta medida, el Estado inyectaría una liquidez inmediata de Bs 3.500 millones en la economía, buscando dinamizar el consumo básico y brindar un respiro a los sectores más vulnerables.
Hugo Siles, asesor de la CNI, argumentó que la viabilidad de este bono ya ha sido comprobada en el pasado. Siles recordó que durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, el Gobierno implementó medidas similares a través de la creación del Bono Contra el Hambre, el Bono Universal y el Bono Familia. En aquel entonces, el primero tuvo un monto de Bs 1.000, mientras que los otros dos fueron de Bs 500 cada uno. El asesor fue enfático al advertir que, si no se activa la demanda de manera inmediata, el país podría enfrentarse a una de las caídas económicas más profundas desde la crisis del covid.
Complementando la inyección de liquidez directa, la CNI propone la creación de un "fondo de la recuperación de la economía". Este fondo tendría como propósito la otorgación de créditos productivos bajo condiciones favorables, es decir, con tasas de interés bajas y plazos de pago accesibles para los emprendedores e industriales. Para financiar este mecanismo, la Cámara plantea la movilización de un capital de Bs 13.000 millones, los cuales deberían ser gestionados y obtenidos a través de organismos internacionales de crédito, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Banco Mundial.
En el ámbito tributario, el plan de alivio económico sugiere medidas de flexibilidad para las empresas. La CNI plantea diferir por un periodo de 90 días el pago de diversos tributos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el RC-IVA y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), específicamente para los periodos correspondientes a mayo y junio de 2026.
Asimismo, para reducir los costos de producción y facilitar la operatividad industrial, el sector propone la aplicación de un gravamen arancelario cero para las importaciones de bienes de capital, insumos y materia prima. De manera complementaria, sugieren que el pago del IVA importaciones sea diferido, permitiendo que se realice una vez que los bloqueos de carreteras hayan sido superados definitivamente.
Otro punto crítico para el sector industrial es la seguridad jurídica y el marco normativo. En este sentido, la CNI subrayó la urgencia de que el Gobierno apruebe la Ley de Inversiones, un documento que fue remitido a la instancia gubernamental hace más de medio año y que aún no ha recibido la aprobación necesaria.
La gravedad de la situación económica se refleja en las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, la cual indica que, tras 42 días de bloqueos, la afectación económica asciende aproximadamente a los $us 2.500 millones. Esta cifra representa una pérdida estimada de entre el 2% y el 2,5% en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Gonzalo Morales, presidente de la CNI, expresó la preocupación humana detrás de las cifras, señalando que cada empresa paralizada conlleva la angustia de trabajadores y que cada negocio sin ventas representa familias que enfrentan incertidumbre para cubrir sus necesidades básicas a fin de mes. Morales describió a una Bolivia "agotada" por los conflictos permanentes, la incertidumbre generada por las filas para obtener combustible y el incremento generalizado de los precios.
Finalmente, Morales subrayó que, aunque el país posee la capacidad de recuperarse, esto requiere de decisiones concretas, acuerdos y, fundamentalmente, voluntad política por parte de los gobernadores para restablecer la seguridad y la normalidad. A este plan, se suma la sugerencia de Samuel Doria Medina, quien considera necesario que se condonen las facturas de servicios básicos de luz y agua para las familias más pobres del país.
