Este miércoles, la Cámara de Diputados fue el escenario de un plenario de comisiones donde diversas organizaciones de la sociedad civil se presentaron para proponer modificaciones al proyecto de ley de Lobby impulsado por el Gobierno Nacional. Si bien los asistentes coincidieron en la necesidad de regular la gestión de intereses para aportar transparencia al sistema, la jornada estuvo marcada por fuertes críticas hacia la redacción actual del texto, el cual es percibido por diversos sectores como excesivamente punitivo.
La iniciativa, formalmente denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses. Este registro sería digital, de acceso gratuito y obligatorio para cualquier persona, ya sea humana o jurídica, que pretenda influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. De acuerdo con el texto, ningún funcionario público podrá reunirse con un gestor que no cuente con una inscripción vigente, y cada uno de estos contactos deberá ser registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles tras haberse producido.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el capítulo dedicado a la gestión de intereses extranjeros. El texto impone obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas fuera del país. El proyecto califica como una infracción grave el hecho de ocultar dicha condición. Asimismo, establece que actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en áreas críticas —como defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales— podría derivar en penas de prisión de hasta tres años.
El régimen sancionatorio propuesto es dual, combinando vías administrativas y penales. En el ámbito administrativo, las multas oscilarían entre los 5 y los 500 salarios mínimos vitales y móviles, pudiendo alcanzar los 2.000 salarios en situaciones de reincidencia o falsedad. Además, se contempla la suspensión del registro por hasta 12 meses o la inhabilitación definitiva. En el plano penal, el proyecto prevé penas de prisión de seis meses a dos años para quienes gestionen intereses sin inscripción o falseen información con el fin de afectar un proceso decisorio público. Por otro lado, la obstrucción dolosa de la fiscalización sería sancionada con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.
Esta severidad despertó el rechazo de diversos actores. Alejandro Díaz, CEO de AmCham, resumió la preocupación del sector empresarial señalando que un régimen "excesivamente punitivo" podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de empresas y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas.
En una acción coordinada, un amplio grupo de organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, CEDES, Poder Ciudadano, FARN, FOPEA, Fundación Huésped, Fundar, ELA, Fundación Protestante Hora de Obrar, Democracia en Red y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)— difundieron un documento conjunto titulado “Participación vigilada”. En dicho texto, sostienen que el proyecto impacta directamente sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.
Las organizaciones argumentan que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia, lo que provocaría que actividades democráticas normales, como reunirse con legisladores o impulsar reformas, queden sujetas a una supervisión estatal permanente. Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto equipare a quien busca un beneficio personal mediante una ley con quien solicita audiencias públicas para mejorar el acceso a la información. Secchi ejemplificó que, bajo esta redacción, figuras como Susana Trimarco, Juan Carlos Blumberg o María Luján Rey serían consideradas gestores de intereses y deberían registrarse como si fueran una tabacalera para intentar influir en políticas públicas.
Por su parte, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, afirmó que Argentina necesita una ley de lobby, pero que esta debe servir para transparentar el poder y no para intimidar a quienes lo cuestionan. Advirtió que no se debe aprobar el proyecto si mantiene una redacción que pone bajo riesgo de sanciones penales a abogados, académicos o colegios profesionales. En sintonía, Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ, instó a rechazar la iniciativa debido a que su redacción podría permitir un uso parcial y arbitrario por parte de cualquier autoridad de turno.
Desde el oficialismo, tras ser consultados, reconocieron que es probable que acepten modificaciones, especialmente en lo referente a las sanciones penales, con el objetivo de dictaminar el proyecto la próxima semana. Mientras tanto, bloques de la oposición como Unión por la Patria y la Coalición Cívica adelantaron que presentarán sus propios dictámenes sobre la materia.
