Polémica por Manuel Adorni: Acusaciones y aclaraciones sobre el régimen de Inocencia Fiscal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una fuerte controversia política tras confirmarse su adhesión, y la de su esposa, Bettina Angeletti, al régimen simplificado de Ganancias, enmarcado en la Ley de Inocencia Fiscal. Ante las crecientes críticas provenientes de diversos sectores de la oposición, el funcionario salió a aclarar el alcance del trámite administrativo y rechazó tajantemente las acusaciones vertidas en su contra.

Desde el entorno cercano al jefe de Gabinete sostuvieron que existe una confusión conceptual entre las distintas herramientas que integran la normativa impulsada por el Gobierno nacional. A través de un comunicado, señalaron que es imperativo combatir la "desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación", subrayando que la "Inocencia Fiscal" y el "Régimen Simplificado de Ganancias" son dos instrumentos legales diferentes y con objetivos distintos.

En detalle, el equipo de Adorni explicó que el programa denominado Inocencia Fiscal tiene como objetivo principal modificar aspectos del régimen penal tributario y actualizar los parámetros de la Ley de Procedimiento Fiscal. Según las fuentes oficiales, esta medida busca concentrar los controles estatales en los grandes evasores y actualizar los montos de las multas por infracciones generales, los cuales se consideraban obsoletos.

Sin embargo, estas precisiones técnicas no fueron suficientes para aplacar las críticas de la oposición. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue uno de los detractores más vocales. A través de su cuenta en la red social X, Ferraro lanzó una dura crítica asegurando que "Adorni nos toma de boludos a todos los argentinos". El legislador vinculó la adhesión de Bettina Angeletti al mismo régimen y cuestionó severamente los mecanismos de control y transparencia aplicados a los funcionarios públicos.

Ferraro afirmó que el Gobierno está "desmantelando todo mecanismo de control y transparencia" debido a que existirían intereses que ocultar, calificando a la gestión como una "banda que se reparte los negocios del Estado". Asimismo, señaló que la ley, a la que describió como una normativa "con nombre y apellido", benefició a evasores, mencionó el caso de Lázaro Báez y subrayó que ahora extiende sus beneficios al entorno familiar del jefe de Gabinete. El diputado concluyó sugiriendo que la impunidad es evidente y solicitó a la Justicia proceder conforme a lo investigado.

Por otro lado, el exdiputado salteño Pablo Kosiner sostuvo que la adhesión al régimen podría interpretarse como una admisión implícita de haber falseado u ocultado información en las declaraciones juradas que los funcionarios están obligados a presentar por motivo de sus cargos. En sintonía, Graciela Ocaña recordó el debate sobre la aprobación de la Inocencia Fiscal y señaló irónicamente que, mientras se discutía si el régimen serviría para blanquear dinero de la delincuencia, resultó que "la casta eran ellos". A estas voces se sumó el diputado Itai Hagman, quien recordó que el propio Adorni había defendido la iniciativa cuando se desempeñaba como vocero presidencial.

Desde una perspectiva técnica y patrimonial, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), aportó un análisis diferenciado. Talerico aclaró que el caso no se trata estrictamente de un problema de evasión fiscal, ya que el régimen de inocencia fiscal existe y es legalmente accesible para los funcionarios. No obstante, alertó que el crecimiento patrimonial exponencial de Adorni y su mujer habría ocurrido desde que él asumió la función pública.

Para Talerico, la cuestión excede lo impositivo, ya que no se trataría de ingresos privados no declarados anteriormente, sino de fondos generados durante el ejercicio de un cargo público. Según la especialista, esto activa la sospecha de delitos que el perdón fiscal no puede legitimar, tales como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles y el lavado de activos. Además, señaló que la consultora de Bettina Angeletti es una pieza indispensable para el análisis, ya que las fuentes de ingreso allí registradas podrían vincular la autoría de dichos delitos directamente con Adorni, definiendo el enriquecimiento desde la función pública como una "traición a la patria".

Finalmente, el entorno de Manuel Adorni insistió en que el mecanismo utilizado es únicamente un sistema simplificado para la presentación de declaraciones juradas. Explicaron que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) confecciona una predeclaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad, lo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata. Adorni fue enfático al declarar: "Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias". Por su parte, ARCA ratificó que no se trata de una amnistía, sino de un cambio de paradigma donde el contribuyente es considerado inocente hasta que el organismo demuestre lo contrario.