El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido un balance sumamente positivo sobre la situación macroeconómica de Costa Rica, otorgando al país un reporte de indicadores que destacan en el contexto de las economías en desarrollo. Según el organismo multilateral, se proyecta un crecimiento económico del 4,6% para el año 2025, respaldado por reservas internacionales que han alcanzado niveles récord y un diferencial soberano situado en mínimos históricos. Asimismo, el FMI ha calificado los fundamentos del país como “muy sólidos”, resaltando la sostenibilidad de la deuda y la solidez del sistema financiero.
Como resultado de este desempeño, el Fondo ha renovado la Línea de Crédito Flexible por un periodo adicional de dos años. Este palmarés sitúa a Costa Rica en una posición privilegiada dentro de la región, especialmente considerando la actual turbulencia geopolítica y las tensiones derivadas de las guerras comerciales globales.
Sin embargo, este éxito en las cifras macroeconómicas contrasta drásticamente con la experiencia cotidiana del ciudadano promedio. El propio informe del FMI revela que el crecimiento económico no se distribuye de manera uniforme, sino que se encuentra, en gran medida, encapsulado en el sector de las zonas francas, las cuales avanzan a un ritmo anual del 12,7%. Mientras tanto, el resto de la economía nacional crece apenas a un 3%. El organismo advierte que este dinamismo es poco intensivo en la generación de empleo y tiene una incidencia limitada en la economía doméstica, lo que implica que la prosperidad macroeconómica no se traduce necesariamente en una mejora en la calidad de vida de las familias.
Para el costarricense, la realidad se manifiesta en un costo de vida extraordinariamente elevado. El encarecimiento de los servicios públicos, los medicamentos, los alimentos, la vivienda y el transporte impacta directamente en el bolsillo de la clase media, que no percibe los beneficios del auge en las exportaciones de dispositivos médicos ni la fortaleza de la moneda local. Si bien el colón se ha apreciado casi un 10% en lo que va de 2026, lo cual teóricamente abarata las importaciones, este efecto no compensa el incremento acumulado en servicios internos que no son importados, tales como la salud, la educación, el agua y la electricidad.
Ante este escenario, el FMI ha recomendado implementar una reforma fiscal enfocada en ampliar los ingresos del Estado. Entre las medidas sugeridas se encuentra el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% a la canasta básica, el establecimiento de un gravamen al bono escolar y la eliminación de diversas exoneraciones tributarias. No obstante, surge la crítica de que incrementar los impuestos a una población ya presionada por el costo de vida y que no experimenta una distribución equitativa del crecimiento podría agravar el problema social en lugar de resolverlo. Se argumenta que la clase media no representa el problema fiscal, sino que es el sector que sostiene el sistema mientras persiste la evasión y la informalidad.
El análisis sugiere que la falta de margen de maniobra del Estado costarricense no radica únicamente en la recaudación, sino primordialmente en el gasto. Una parte desproporcionada del presupuesto nacional se destina al pago de intereses de la deuda, consecuencia de años de déficit que la regla fiscal ha empezado a corregir, aunque no a revertir totalmente. Además, el país cuenta con más de 400 exoneraciones tributarias, una cifra que duplica el promedio de la OCDE y que, en muchos casos, beneficia a sectores con capacidad de pago sin ser necesariamente eficientes o legítimas.
A esto se suma que el gasto corriente, específicamente la masa salarial del Estado, consume recursos que podrían invertirse en seguridad pública, educación técnica e infraestructura. El desafío fiscal, por tanto, no sería recaudar más de quienes ya tributan, sino optimizar el gasto y dejar de proteger a sectores que no deberían gozar de beneficios fiscales.
Para ensanchar la base tributaria sin afectar a los asalariados formales, se plantea la necesidad de fiscalizar sectores con escasa contribución. Esto incluye a las plataformas digitales de entrega y transporte, así como los alquileres gestionados a través de medios digitales, los cuales mueven volúmenes económicos considerables que a menudo escapan al registro tributario. Asimismo, la economía informal de servicios profesionales sigue siendo un área con amplio margen de acción para la Administración Tributaria, a pesar de la implementación de la facturación electrónica.
Finalmente, el FMI advierte que la bonanza actual es una ventana de oportunidad temporal. Costa Rica enfrenta desafíos demográficos críticos, con una tasa de fertilidad en caída y una esperanza de vida creciente, lo que pone en riesgo las reservas de la seguridad social. La advertencia es clara: los buenos números macroeconómicos no deben conducir a la complacencia, sino que obligan al Estado a rendir cuentas sobre la calidad de su gasto y a asegurar que todos los sectores contribuyan equitativamente al sostenimiento del país.
