Un análisis del informe más reciente emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que tres de las reformas fiscales sugeridas para Costa Rica coinciden con medidas que fueron impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su gestión. Estas coincidencias se centran en cambios estructurales al impuesto sobre la renta, la revisión de exoneraciones tributarias y la modificación del proceso de aprobación para la emisión de bonos de deuda pública.
Dichas propuestas habían sido presentadas originalmente por la administración de Chaves durante el primer semestre de 2023 como parte de un paquete denominado "Hacienda en Acción: Trazando la prosperidad fiscal". A pesar de los esfuerzos del gobierno de aquel entonces, las iniciativas no lograron avanzar en la Asamblea Legislativa y finalmente quedaron sin aprobar. No obstante, el organismo multilateral ha retomado sugerencias similares en su Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026 y la revisión de la Línea de Crédito Flexible, publicado el pasado 31 de mayo.
El FMI sostiene que es imperativo incrementar los ingresos tributarios del país. Según la entidad, cambios fiscales recientes han provocado una reducción en la base imponible, lo que limitaría la capacidad del Estado para financiar el gasto público en el futuro. Esta visión del Fondo se alinea con las proyecciones del propio Gobierno Central, que anticipa una caída severa en la recaudación y en la carga fiscal para los próximos años.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, la recaudación tributaria para este año alcanzaría los ¢6.395.000 millones, lo que representa una disminución de ¢228.000 millones en comparación con los ¢6.623.000 millones percibidos en 2025. En términos de proporción económica, los ingresos por impuestos equivaldrían al 11,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026, bajando desde el 12,8% registrado en 2025. Las estimaciones oficiales sugieren que esta tendencia continuará hasta situarse en el 10% del PIB para el año 2031, el nivel más bajo en más de dos décadas, aunque se espera una recuperación nominal a partir de 2027.
Una de las coincidencias más notables es la propuesta sobre el impuesto sobre las utilidades. En 2023, Rodrigo Chaves planteó sustituir el modelo de renta cedular por un esquema de renta global. En el sistema cedular actual, los contribuyentes pagan impuestos por cada fuente de ingreso de forma independiente; en cambio, la renta global obligaría a tributar sobre la totalidad de los ingresos consolidados. Por ejemplo, un profesional asalariado que obtenga ingresos adicionales mediante alquileres, plataformas de transporte o actividades lucrativas debería pagar el impuesto sobre el monto total de sus capitales.
Asimismo, la propuesta de Chaves buscaba establecer una tarifa fija del 30% para todas las empresas, eliminando el esquema progresivo actual donde las pequeñas y medianas empresas pagan tasas entre el 5% y el 20%. El FMI ha respaldado la idea de una tarifa única para las empresas, aunque sugiere acompañarla de un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes. Además, el Fondo recomienda reducir el umbral para que los asalariados comiencen a pagar el impuesto y aumentar la tasa para los tramos de mayores ingresos, estimando que esto generaría recursos equivalentes al 0,1% del PIB.
En cuanto a las exoneraciones, el FMI coincide con la intención de gravar sectores anteriormente exentos. Chaves había propuesto elevar el IVA de los boletos aéreos del 4% al 13%, crear una tarifa del 2% para equipos médicos (como materiales radiactivos, rayos X y camas hospitalarias no estéticas) y aplicar un impuesto forestal del 3% a la madera en troza. El FMI ha reiterado la necesidad de eliminar beneficios tributarios ineficaces y, en su informe más reciente, ha ampliado estas sugerencias para incluir el gravamen a los alquileres de vehículos, premios de lotería, la canasta básica, así como la aplicación de renta sobre el salario escolar y los aguinaldos de los empleados públicos.
Finalmente, existe un consenso entre el exmandatario y el organismo multilateral respecto a la gestión de la deuda pública. Chaves propuso reformar el artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política para que el Poder Ejecutivo no requiera el respaldo de una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa para emitir bonos internacionales o contratar créditos multilaterales. El FMI respalda esta enmienda, argumentando que permitiría al Gobierno gestionar la deuda con mayor agilidad y diversificar sus fuentes de financiamiento, siempre y cuando se mantenga dentro del límite global de endeudamiento definido por el Congreso.
Ante este panorama de debilitamiento fiscal, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que impulsará proyectos de ley para fortalecer la recaudación de los impuestos vigentes, mejorar la calidad del gasto público y reforzar las acciones contra la evasión fiscal.
