La empresa energética Impsa ha logrado avances significativos en la renegociación de un contrato destinado al desarrollo y la rehabilitación de dos proyectos hidroeléctricos fundamentales en Venezuela. Según declaraciones brindadas a Reuters por el presidente de la compañía, Jorge Salcedo, estas obras podrían añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación al sistema eléctrico nacional en los próximos meses.
El proyecto se centra en la reactivación de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar) y la rehabilitación de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Macagua, ambas ubicadas en el estado Bolívar, en la región sur del país. Específicamente, el acuerdo contempla la inauguración de dos unidades de generación que forman parte del proyecto Tocoma, el cual se encuentra inconcluso desde el año 2014, así como la rehabilitación de tres unidades separadas en la central Macagua.
La relación contractual entre Impsa y la estatal eléctrica venezolana Corpoelec se remonta a más de una década. Sin embargo, el acuerdo original no pudo ejecutarse debido a una combinación de factores críticos, entre los que destacan problemas severos de pago y la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Estas dificultades llevaron a que equipos ya fabricados por Impsa permanecieran almacenados en la provincia de Mendoza, Argentina.
Originalmente, Impsa era una empresa estatal argentina, pero actualmente es propiedad del Fondo de Adquisiciones Industriales (IAF), un consorcio con sede en Estados Unidos. Este cambio de estructura y la obtención de una licencia estadounidense otorgada durante el presente año han permitido que la empresa inicie los trámites para la firma de un anexo contractual con Corpoelec. Este anexo es el instrumento legal necesario para proceder con la exportación e instalación de las turbinas y los equipos que se encuentran en Argentina.
El camino hacia la reactivación de estas obras ha estado marcado por obstáculos financieros y operativos. Tanto la Central Hidroeléctrica Tocoma como la de Macagua fueron diseñadas para incrementar la capacidad de generación del país, pero sufrieron paralizaciones, retrasos y una pérdida progresiva de operatividad. Las causas principales de este deterioro fueron la falta de liquidez, una administración deficiente y la desinversión prolongada.
En este contexto, Corpoelec acumuló deudas millonarias con diversas empresas contratistas, tanto civiles como electromecánicas. Uno de los impactos más graves de esta situación fue el colapso financiero de la empresa argentina Impsa, hecho que provocó la paralización total de las obras en su momento.
Actualmente, las negociaciones se encuentran en una fase avanzada. Jorge Salcedo señaló en entrevista que la parte técnica y financiera del acuerdo ya está acordada en un 90%. El objetivo final es alcanzar un acuerdo definitivo que establezca las fases de entrega de las unidades y el cronograma de pagos correspondiente.
La viabilidad del proyecto se ve reforzada por el hecho de que los equipos ya han sido inspeccionados recientemente por funcionarios venezolanos y están disponibles para su traslado. De concretarse, este contrato representaría la primera ampliación real de la capacidad de la red eléctrica de Venezuela, la cual opera actualmente con un déficit que se traduce en frecuentes cortes de energía y medidas de racionamiento para la población.
Este movimiento ocurre en un marco de intentos de reconstrucción energética. Washington impulsa un plan de reconstrucción para el sector energético de Venezuela valorado en 100.000 millones de dólares. No obstante, el profundo deterioro de la red eléctrica, que actualmente opera a una fracción de su capacidad total, es considerado un obstáculo mayor para el progreso de dichas iniciativas. Paralelamente, la semana pasada se aprobó, mediante una votación preliminar, una reforma de la ley de electricidad en el país.
