Mientras Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, mantienen una disputa cerrada voto a voto por la presidencia de la República, el sector económico advierte que el país no puede permitirse un periodo de inactividad. La economía peruana requiere certezas inmediatas y no puede entrar en un estado de "stand by" mientras se aguarda la proclamación oficial de los resultados electorales.
En un análisis realizado por el diario Gestión, diversos representantes gremiales y analistas económicos coincidieron en que la próxima administración deberá priorizar el envío de señales positivas para atraer la inversión privada en el corto plazo. Para que esto sea efectivo, debe implementarse una política pública eficiente contra la inseguridad ciudadana, ya que la criminalidad impacta directamente en la economía al obligar al desvío de recursos productivos hacia la protección personal y empresarial. Asimismo, se plantea la urgencia de reformar el Estado, eliminando los focos de corrupción y dinamizando la gestión pública mediante un shock desregulatorio.
Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), situó la inseguridad ciudadana como una prioridad máxima. Zapata subrayó que es imperativa una reforma integral del Estado para superar la ineficiencia y la corrupción. Según el representante gremial, el modelo económico ha generado ingresos suficientes, pero estos han sido mal administrados, destacando que existen S/75,000 millones en obras paralizadas que pudieron haberse invertido en escuelas y saneamiento. Zapata también hizo un llamado a evitar propuestas extremas y la polarización política, sugiriendo la construcción de un proyecto país. Aseguró que el Perú tiene el potencial de crecer entre un 5% y un 7%, aprovechando su ubicación geográfica frente al continente de mayor crecimiento.
Por su parte, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), enfatizó que los primeros 100 días del nuevo mandato serán determinantes. En este lapso, el Gobierno deberá gestionar rápidamente el Fenómeno El Niño y establecer alianzas estratégicas en el Congreso para concretar reformas y reducir la burocracia. James advirtió sobre el peligro de la brecha social y la polarización entre partidos "prosistema" y "antisistema". Aunque reconoció la fortaleza de las exportaciones agroindustriales y el precio de los minerales, señaló que el crecimiento de la industria y el turismo depende de infraestructura productiva y social. En ese sentido, propuso la creación de un Ministerio de Planificación e Infraestructura para que los ministerios de Educación y Salud no se encarguen de la construcción de locales, sino de sus funciones principales.
Desde el sector inmobiliario, José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), señaló que la tarea primordial será garantizar la continuidad del modelo económico. Para ello, el próximo presidente debe asegurar un manejo técnico del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), evitar el populismo y brindar credibilidad, pues la inversión depende directamente de este factor. Espantoso aclaró que los problemas actuales no radican en el modelo, sino en la deficiente gestión pública, evidenciada en regiones que no ejecutan sus presupuestos. Además, instó a colocar la vivienda como una política central para combatir la pobreza multidimensional, proponiendo una lucha especializada contra el tráfico de terrenos y predictibilidad en los subsidios habitacionales. Su meta es elevar la construcción de viviendas formales de 40,000 a 200,000 unidades anuales mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado.
En el ámbito fiscal, Mercedes Araoz, exministra de Economía y profesora de la Universidad del Pacífico, recomendó que el nuevo Gobierno active demandas competenciales ante el Tribunal Constitucional para limitar la iniciativa de gasto del Congreso. Araoz advirtió que el Ejecutivo corre el riesgo de perder el control del déficit fiscal si el Legislativo continúa impulsando gastos permanentes, como la ampliación de planillas ("cédula viva"). Respecto a la seguridad, sugirió coordinar entre el MTC, Osiptel y operadoras para hacer efectivo el bloqueo de teléfonos robados. Sobre Petroperú, planteó la necesidad de una gobernanza más eficiente, reduciendo la cantidad de gerencias y descartando activos no productivos.
Finalmente, Hugo Perea, economista jefe para Perú en BBVA Research, destacó la importancia de mantener el dinamismo de la inversión privada, que creció un 13% en el primer trimestre del año. Perea reiteró que la inseguridad ralentiza la economía al distraer recursos de inversión. Asimismo, alertó sobre el deterioro de la sostenibilidad fiscal debido a medidas del Congreso que implican indexación, las cuales generan sobrecostos y mayor deuda pública. El economista sugirió que el próximo mandatario debe abandonar la retórica confrontacional de campaña y empalmar los mensajes para generar confianza. Según Perea, una mejora en la calidad de la gestión pública podría elevar el crecimiento del PBI del 3% al 5%.
