El Sindicato de Camioneros, bajo la conducción de Hugo Moyano, ha implementado durante al menos seis años un esquema de condonaciones millonarias en favor de su obra social, Oschoca. Este organismo tiene su fondo de comercio gestionado por Iarai SA, una empresa de servicios médicos propiedad de Liliana Esther Zulet, esposa del líder sindical. De acuerdo con la información disponible, los actos administrativos que permitieron estas condonaciones y las transferencias de miles de millones de pesos entre cuentas bancarias fueron aprobados en asambleas sindicales mediante votación a mano alzada, en procesos donde Moyano no enfrentó oposición alguna.
La situación financiera de Oschoca se ha deteriorado significativamente, obligando a la conducción sindical a vender propiedades y solicitar ayuda mensual de los empresarios para evitar el colapso del sistema. A pesar de estas medidas, el pasivo de la entidad ha mostrado un crecimiento acelerado: según los libros de memoria y balance, la deuda pasó de $7.944,89 millones en 2023 a $27.046 millones en 2024. Esta crisis se ve agravada por una caída en la base de aportantes, que descendió de 90.000 a 72.719 trabajadores registrados bajo el convenio laboral 40/89 en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El esquema de financiamiento de los afiliados consiste en un descuento del 3% del salario bruto, al cual se suma el 6% que aporta el empleador por ley. A mayo del año en curso, los sueldos de los camioneros se sitúan entre un mínimo de $896.768 y un máximo de $1.824.701, sin contabilizar viáticos ni horas extras.
Ante el déficit, Hugo Moyano intensificó el flujo de fondos desde el sindicato hacia la obra social en los últimos tres ejercicios. Las transferencias registradas fueron de $3.157,73 millones en 2023; $3.594,60 millones en 2024 y $4.611,67 millones en 2025. En el transcurso de febrero de 2026, se han identificado siete transferencias bancarias efectuadas entre los días 4 y 13, que suman un total de $2.971 millones, lo que indica que el plan de salvataje para el periodo actual ha comenzado recientemente.
Desde el entorno de Moyano reconocieron la existencia de un déficit y problemas de caja, aunque descartaron la posibilidad de una quiebra o la convocatoria de acreedores. Un dirigente cercano al jefe camionero relativizó la crisis señalando que es una práctica común entre los gremios financiar sus obras sociales debido a las dificultades generales del sistema de salud.
El entramado empresarial involucra a Iarai SA, creada por Zulet en 2003. En el directorio de esta firma se encuentran Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, hijos de Zulet de matrimonios anteriores. La obra social ha transferido fondos a dicha compañía a través de un fideicomiso denominado Dhanvantari. Este fideicomiso comparte domicilio fiscal con Iarai y otras dos empresas familiares, Dixey y Aconra, las cuales mantienen relaciones comerciales casi exclusivas con el gremio de los camioneros.
Además del respaldo sindical, Oschoca recibe un auxilio mensual de los empresarios, quienes aportan $28.000 por trabajador directamente a la prestadora médica. Este pago, que inició como una medida extraordinaria, se convirtió en un ítem salarial adicional. No obstante, la reciente ley de modernización laboral impactará en esta recaudación, ya que este tipo de aportes, conocidos como cuotas solidarias, no podrán superar el 2%. Cabe destacar que este aporte había sido autorizado por la Secretaría de Trabajo, pese a los intentos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar tales compensaciones.
La crisis de Oschoca, que ya ha provocado la suspensión de prestaciones y la falta de entrega de medicamentos, se enmarca en un problema sistémico. La CGT advirtió recientemente que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) ronda los $90.000 per cápita, mientras que la recaudación promedio del sistema es de $67.525 por beneficiario. Esto implica que el 67% de la población de obras sociales nacionales se encuentra por debajo del promedio de recaudación, lo que justifica, según la central obrera, la intervención económica de los sindicatos en sus respectivas obras sociales.
Como consecuencia de la falta de prestaciones, Moyano y su esposa han recibido reclamos de los afiliados. Para mitigar la crisis, el líder sindical evalúa la venta del Sanatorio Antártida, ubicado en el barrio de Caballito. Por otro lado, los libros contables del sindicato revelan que Moyano administra 44 inmuebles y que, entre 2024 y 2025, destinó $589.448.285 para financiar marchas, paros y movilizaciones.
