El juicio relacionado con el caso Sinohydro ha experimentado un giro determinante este 4 de junio de 2026, tras la presentación de un informe pericial financiero que pone bajo la lupa la red de presuntos sobornos y extiende el análisis hacia nuevos beneficiarios. La sesión judicial se ha centrado primordialmente en el examen detallado de los movimientos bancarios de diversas empresas vinculadas a Conto Patiño, quien es identificado como amigo del expresidente Lenín Moreno.
Durante el desarrollo de las audiencias, una de las testigos presentadas por la Fiscalía introdujo un elemento probatorio de gran volumen: el informe técnico elaborado por la perita economista Annabeleé Arellano. Este documento, que consta de más de 10.000 fojas, constituye una pieza central en la estrategia de acusación, ya que sistematiza la trazabilidad del dinero involucrado en la causa. Según el análisis pericial, se han identificado aproximadamente 587 movimientos financieros y transferencias que superan la suma de 5,6 millones de dólares estadounidenses. Todos estos fondos habrían sido enviados desde las cuentas de la empresa Comercial Recorsa C.A.
El aspecto más sorprendente y disruptivo de la jornada judicial ocurrió cuando se revelaron los destinatarios de estos fondos. El informe de la perita Arellano incluye en la lista de beneficiarios de los cheques emitidos por Recorsa a diversas instituciones religiosas y figuras eclesiásticas. En el registro de transacciones aparecen nombres de obispos y sacerdotes, además de organizaciones sin fines de lucro con fines religiosos. Entre los montos específicos destacados en el documento, se encuentran transferencias destinadas a la Fundación Irfeyal, por un valor de 200.000 dólares, y a la Fundación Sagrado Corazón, por una suma de 100.000 dólares.
Esta revelación ha provocado una reacción inmediata por parte del equipo legal de los procesados. Durante su turno de intervención, los abogados de la defensa han utilizado la misma información del informe pericial para cuestionar la tesis de la Fiscalía General del Estado. La defensa argumentó que la Fiscalía tiene conocimiento de estos movimientos financieros desde hace un tiempo considerable y que, lejos de probar un esquema de corrupción, estos datos podrían favorecer a sus representados.
El argumento central de la defensa se basa en el destino final del dinero. Sostienen que, si bien es cierto que los fondos provenientes de la empresa china Sinohydro transitaron por las cuentas de Comercial Recorsa, el hecho de que dichos recursos terminaran en manos de aseguradoras, fundaciones y miembros del clero demuestra que el dinero no fue utilizado exclusivamente para el pago de coimas a funcionarios públicos. Bajo esta premisa, los abogados buscan debilitar la tesis de cohecho que sostiene la acusación, sugiriendo que el flujo financiero tuvo propósitos distintos a la compra de influencias o favores políticos.
En cuanto al desarrollo procesal de esta fase del juicio, la presentación de este informe ocurrió inmediatamente después de que la Fiscalía llamara a declarar a cuatro representantes de entidades bancarias locales. Estos testigos técnicos fueron fundamentales para el proceso, ya que fueron los encargados de entregar los reportes oficiales de los movimientos bancarios de los procesados, proporcionando el sustento documental necesario para que la perita economista realizara el análisis de las 10.000 fojas.
Actualmente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia continúa en la fase de evaluación de estas pruebas periciales. El proceso se está llevando a cabo mediante una modalidad mixta, combinando sesiones telemáticas y presenciales, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de las 21 personas que han sido llamadas a juicio en este caso. La resolución final dependerá de cómo el tribunal interprete el destino de los más de 5,6 millones de dólares y si los pagos a fundaciones religiosas desvirtúan o confirman la red de sobornos presuntamente orquestada.
