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Gobierno prorroga estado de emergencia en distritos fronterizos de Tacna para combatir la criminalidad

La medida entrará en vigencia el 9 de junio de 2026 y mantendrá la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito. La Policía Nacional del Perú continuará a cargo del control del orden interno con el respaldo militar.

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Gobierno prorroga estado de emergencia en distritos fronterizos de Tacna para combatir la criminalidad
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El Gobierno extendió el estado de emergencia en los distritos de Tacna, Palca, Tarata y La Yarada Los Palos por 60 días a partir del 9 de junio de 2026. La Policía Nacional, apoyada por las Fuerzas Armadas, desplegará operativos contra la criminalidad basados en inteligencia y mapas del delito. La medida suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, además de exigir permisos previos para la realización de eventos masivos en las zonas intervenidas. En otro tema, la ONPE llevará a cabo el sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales de 2026 este 29 de enero.

El Poder Ejecutivo ha formalizado una nueva medida de seguridad en el sur del país mediante la publicación del Decreto Supremo Nº 086-2026-PCM. A través de este instrumento legal, el Gobierno ha oficializado la prórroga del estado de emergencia por un periodo extendido de 60 días calendario, enfocando los esfuerzos operativos en diversas jurisdicciones estratégicas de la región Tacna.

La finalidad primordial de esta disposición es permitir que las fuerzas del orden continúen ejecutando operaciones tácticas y estratégicas orientadas a enfrentar la criminalidad, así como otras situaciones de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía en las zonas intervenidas. Esta medida, que entra en vigor a partir del 9 de junio de 2026, tiene un alcance geográfico específico, comprendiendo los distritos fronterizos de Palca, Tarata, La Yarada-Los Palos y el distrito de Tacna, todos ellos pertenecientes a la provincia homónima de la región Tacna.

En cuanto a la estructura operativa, la normativa establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá la responsabilidad directa de mantener el control del orden interno durante la vigencia de esta prórroga. Para asegurar la efectividad de las intervenciones, la PNP contará con el apoyo activo de las Fuerzas Armadas, coordinando esfuerzos para optimizar la seguridad en el territorio. Un punto clave de la disposición es que la Policía Nacional no actuará de manera aleatoria, sino que será la entidad encargada de determinar las zonas exactas de intervención. Para ello, se basará estrictamente en labores de inteligencia, el análisis de indicadores, el estudio de estadísticas criminales y la implementación de mapas del delito, asegurando que los operativos se concentren en los focos de mayor incidencia delictiva.

Desde la perspectiva legal, el decreto supremo se fundamenta en la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Este marco constitucional es el que faculta al Estado a restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos constitucionales en las zonas donde se ha declarado la emergencia. En consecuencia, durante el periodo de vigencia de la medida en los distritos mencionados, quedan suspendidos derechos fundamentales específicos, tales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y la seguridad personales.

Asimismo, el decreto introduce regulaciones estrictas sobre la realización de actividades públicas. Aquellos eventos que tengan un carácter masivo y público, ya sean de índole religiosa, cultural, deportiva o no deportiva, estarán sujetos a una restricción administrativa: será obligatorio solicitar un permiso previo ante las autoridades competentes, quienes evaluarán la viabilidad y seguridad de la actividad antes de otorgar la autorización. Por otro lado, la norma aclara que los eventos que no reúnan el carácter de masivos podrán llevarse a cabo con normalidad, sin que sea necesario requerir ningún tipo de permiso o autorización especial.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la efectividad de estas medidas, el Gobierno ha establecido un protocolo de informe final. Se ha dispuesto que, en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la culminación de la medida, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá elaborar y remitir un informe detallado de resultados. Este documento será enviado inicialmente al titular del Ministerio del Interior, quien posteriormente elevará el informe a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, incluyendo las recomendaciones pertinentes derivadas de la operación.

En otro ámbito de interés público, se ha informado que este 29 de enero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo el sorteo de los miembros de mesa para las elecciones generales de 2026. Los ciudadanos interesados en conocer los detalles de este proceso electoral pueden acceder a la información a través del reporte presentado por la periodista Karina Valencia, del medio El Poder en tus Manos.

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