El Gobierno de Bolivia se encuentra en una fase de transición hacia la contención de las protestas que mantienen al país paralizado desde el pasado 1 de mayo. A pesar de este giro en la estrategia de seguridad, el presidente Rodrigo Paz ha reiterado su llamado al entendimiento con los sectores movilizados, subrayando que su administración prioriza el diálogo sobre la confrontación. “No alzamos la mano para golpear, más bien la extendemos para el diálogo”, proclamó el mandatario en un esfuerzo por calmar las tensiones sociales.
Como parte de este proceso, el presidente Paz anunció la remisión de un proyecto de ley al Órgano Legislativo destinado a regular los estados de excepción. El mandatario advirtió que este instrumento legal ha sido redactado bajo una “lógica de acción humanitaria”, asegurando que cualquier intervención llevada a cabo por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberá enmarcarse en dicho principio. El objetivo primordial de esta normativa es evitar “interpretaciones arbitrarias” de lo que el presidente definió como una herramienta constitucional necesaria para el restablecimiento del orden.
Este movimiento legislativo ocurre tras la aprobación, la semana pasada, de la abrogación de una ley previa que fijaba límites a la aplicación del estado de excepción, la cual fue promulgada posteriormente por Paz. Si bien el Ejecutivo se ha negado hasta ahora a recurrir al uso de la fuerza de manera generalizada, el presidente ha solicitado celeridad al Parlamento para la consideración de la nueva norma, manteniendo simultáneamente su invitación a negociar a las federaciones campesinas ‘Tupac Katari’ y ‘Bartolina Sisa’.
En el ámbito político interno, el presidente Paz felicitó la gestión del vicepresidente Edmand Lara, quien ha trabajado en las últimas horas para fomentar el acercamiento con los sectores movilizados. Este gesto resulta notable, dado que ambos funcionarios han mantenido un enfrentamiento prácticamente desde el inicio del Gobierno.
No obstante, el discurso del mandatario tomó un tono severo al abordar el origen de las movilizaciones. En una declaración inusual, el presidente prometió librar “la batalla de las batallas” contra estructuras del narcotráfico que, según sus afirmaciones, estarían detrás de las protestas. Paz denunció que los recursos utilizados para alentar los bloqueos provienen de zonas productoras de coca. Según el presidente, se han capturado portadores de recursos económicos provenientes de regiones de producción de narcóticos, fondos que habrían sido destinados a alimentar acciones en contra de la democracia, la Constitución y el bienestar de la ciudadanía boliviana.
En materia de gestión gubernamental, el Ejecutivo realizó cambios en su estructura. Tras la renuncia de Marcelo Salinas, el presidente designó y juramentó al viceministro Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa. Además, Paz prometió la implementación de un “ajuste de gabinete mayor e inclusivo”, aunque no precisó los plazos para llevar a cabo esta reestructuración administrativa.
En el terreno operativo, el Gobierno ha logrado recuperar el control de instalaciones energéticas estratégicas que habían sido tomadas por manifestantes. En la provincia de Sara, departamento de Santa Cruz, la Policía desalojó a un grupo que había tomado la planta de hidrocarburos Humberto Suárez Roca (HSR) el pasado 2 de junio. Los tomistas, identificados como hombres encapuchados y armados con palos y piedras, habían cerrado las válvulas del pozo, lo que ha generado alertas sobre graves pérdidas económicas y técnicas debido al manejo inadecuado de la instalación. Durante la operación, que incluyó el uso de gases lacrimógenos, fueron detenidas diez personas, entre ellas una mujer identificada por la policía como financista de las protestas, a quien se le decomisó dinero en efectivo.
Asimismo, una fuerza combinada de 500 policías y 500 militares logró reabrir el puente Parotani en Cochabamba, despejando el paso hacia el occidente del país. Este cerco había provocado cuantiosas pérdidas a los transportistas y productores agrícolas. Con esta acción, el departamento recuperó la conexión con los mercados de Oruro y La Paz.
A pesar de estos avances operativos, analistas consultados por la agencia EFE, como el experto en temas indígenas Pedro Portugal, han advertido que la inacción estatal previa podría derivar en enfrentamientos entre civiles. Portugal señaló que el Gobierno parece haber esperado que la población que lo apoya se enfrentara a los bloqueadores, en lugar de ejecutar una intervención estatal directa, en un contexto donde los cortes de carretera han dejado pérdidas de miles de millones de dólares.
Finalmente, la tragedia humana continúa aumentando. El Ministerio de Salud y Deporte contabilizó una sexta víctima por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos: un conductor de transporte pesado que enfermó tras permanecer 32 días atrapado en un corte de carreteras. Su esposa, Zulema Ramos, denunció que el hombre se mantuvo en su camión por temor a saqueos de su mercadería, lo que derivó en una deshidratación fatal. Esta cifra se suma a un total de 10 personas fallecidas en el contexto de las protestas impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, incluyendo la muerte de un niño de 12 años.
