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Diputados debaten la Ley de Lobby y el proyecto de Súper RIGI

Diputados debate este miércoles la Ley de Lobby y el proyecto de “Súper RIGI” La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una intensa jornada legislativa con el tratamiento de dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo: la denominada Ley de Lobby y el proyecto de incentivo para grandes inversiones conocido como “Súper RIGI”. El primer [...]

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Diputados debaten la Ley de Lobby y el proyecto de Súper RIGI
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La Cámara de Diputados enfrenta una jornada clave este miércoles con el tratamiento de dos proyectos centrales del Ejecutivo. Primero, la Ley de Lobby busca transparentar la influencia de grupos de interés mediante un registro público obligatorio y sanciones severas, incluyendo penas de prisión para gestiones extranjeras clandestinas. Simultáneamente, se debatirá el Súper RIGI, un régimen de incentivos para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores como litio, inteligencia artificial e hidrógeno verde. El proyecto ofrece estabilidad fiscal por 30 años, reducciones impositivas y libre disponibilidad de divisas para potenciar la industria tecnológica y energética del país.

La Cámara de Diputados llevará a cabo este miércoles una jornada legislativa de alta intensidad, centrada en el tratamiento de dos iniciativas clave impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Los ejes centrales de la agenda serán la denominada Ley de Lobby y el proyecto de incentivo para grandes inversiones, conocido técnicamente como “Súper RIGI”.

La actividad comenzará a las 14:00 horas con el primer plenario del día. En este espacio, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General analizarán el proyecto que propone la creación de un Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Esta iniciativa, conocida popularmente como Ley de Lobby, tiene como objetivo primordial establecer un marco de reglas claras para regular las gestiones que llevan a cabo empresas, organizaciones o intermediarios ante los funcionarios públicos y legisladores.

El propósito fundamental de esta normativa es transparentar los intentos de promover intereses sectoriales y las acciones destinadas a influir en las decisiones del Estado. Para lograrlo, la propuesta contempla la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses. En dicho registro, todas aquellas personas o entidades que desarrollen actividades de lobby deberán inscribirse obligatoriamente y presentar declaraciones juradas donde detallen los intereses y los clientes a los que representan.

Además de la inscripción, la iniciativa impone la obligación de registrar minuciosamente cada gestión realizada. Los informantes deberán consignar la fecha del encuentro, la modalidad del contacto, el organismo involucrado y los temas específicos que fueron tratados durante la reunión. El proyecto no solo busca la transparencia, sino que también prevé un esquema de sanciones para quienes incumplan las normas. Estas penalidades varían desde multas económicas hasta la inhabilitación permanente para ejercer actividades de lobby. En los casos más graves, específicamente aquellos que involucren la representación clandestina de intereses extranjeros, se contemplan penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años.

Complementariamente, la ley establece que los funcionarios del Poder Ejecutivo y los integrantes del Congreso deberán informar públicamente las reuniones mantenidas con gestores de intereses, rindiendo cuentas sobre los vínculos establecidos.

Posteriormente, a las 15:00 horas, la agenda legislativa se trasladará a un plenario integrado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con el fin de debatir el proyecto denominado “Súper RIGI”. En este encuentro participarán representantes del Ministerio de Economía, destacándose la presencia del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El “Súper RIGI” busca atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos y de innovación tecnológica que no fueron contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original. El proyecto pone el foco en actividades críticas como la explotación de uranio y litio, la producción de baterías, el desarrollo de vehículos eléctricos e hidrógeno verde. Asimismo, se incluyen la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores y el desarrollo de inteligencia artificial.

Para acceder a los beneficios de este régimen, se ha fijado un requisito de inversión mínima de 1.000 millones de dólares. A cambio de este monto, el Estado ofrecerá estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un periodo de 30 años, junto con diversos incentivos financieros y tributarios.

Entre las ventajas fiscales, se destaca la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%. El proyecto también prevé mecanismos de amortización acelerada de las inversiones, la implementación de créditos fiscales para la cancelación del IVA y la disminución de las contribuciones patronales, además de beneficios específicos para la distribución de dividendos.

En materia comercial, el “Súper RIGI” contempla exenciones de derechos de importación y exportación, así como la eliminación de restricciones comerciales. Finalmente, se establece un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas, el cual permitirá que las empresas dispongan del 100% de los dólares obtenidos por sus exportaciones una vez que hayan transcurrido tres años desde su incorporación al régimen.

Desde el oficialismo se ha manifestado confianza en el avance de ambos proyectos. Consideran que las iniciativas cuentan con niveles de consenso similares o incluso superiores a los que se obtuvieron durante el proceso de aprobación de la Ley Bases y del RIGI original.

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