La Secretaría de Economía de México informó este martes que el gobierno federal presentará una serie de argumentos ante las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de evitar la implementación de aranceles adicionales del 10%. Esta medida ha sido propuesta por la Oficina del Representante Comercial (USTR) en el marco de 60 investigaciones abiertas contra diversas economías que, según la postura de Washington, no han implementado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
La propuesta, dada a conocer el pasado 2 de junio de 2026, no tiene aún un carácter definitivo. El procedimiento establecido contempla un periodo de 45 días destinado a la recepción de comentarios, la celebración de consultas y la realización de audiencias públicas. En este sentido, la USTR ha fijado un calendario estricto: el 22 de junio es la fecha límite para que los interesados en testificar presenten su solicitud junto con un resumen de su testimonio; el 6 de julio vence el plazo para la entrega de comentarios escritos y el 7 de julio se llevarán a cabo las audiencias públicas.
Esta iniciativa se alinea con la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, periodo que se ha caracterizado por la imposición de aranceles y la apertura de negociaciones con gobiernos de distintas regiones del mundo. De las 60 economías bajo investigación, México ha sido incluido en un grupo selecto de 14 naciones —donde también se encuentran Canadá, Argentina, el Reino Unido y la Unión Europea— a las cuales se les propone un arancel del 10%. Por el contrario, las 46 economías restantes enfrentarían un impuesto superior, fijado en el 12.5 por ciento.
La distinción en el porcentaje arancelario para México se debe a que el país cuenta con compromisos de comercio recíproco derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros Acuerdos sobre Comercio Recíproco suscritos. La USTR reconoce estos instrumentos como avances parciales en la materia. En un caso similar, la Unión Europea también fue ubicada en la categoría del 10% luego de que, hace dos semanas, concretara un acuerdo arancelario con Estados Unidos que establece un techo del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones, tras un periodo de intensas negociaciones entre los 27 países miembros del bloque.
Desde la Secretaría de Economía se aclaró que la investigación basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 es parte de una estrategia de Washington para sustituir aranceles previos. Específicamente, se busca reemplazar los impuestos aplicados bajo el mecanismo IEEPA, los cuales fueron anulados por la Suprema Corte, así como aquellos de la Sección 122, cuya vigencia expira el próximo 24 de julio de 2026.
Es fundamental destacar que la postura del gobierno mexicano no se limita a la negociación de la cifra arancelaria. La Secretaría de Economía fue explícita al señalar que presentará argumentos para cuestionar los supuestos que sustentan la investigación. México buscará refutar la premisa de que el país no aplica con rigor la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.
Además de los aranceles generales, la USTR ha propuesto un mecanismo específico para el sector de textiles y prendas de vestir. Este sistema permitiría que un volumen determinado de importaciones provenientes de ciertas economías ingresen a Estados Unidos con una tasa arancelaria reducida bajo la Sección 301. Los detalles operativos de este mecanismo quedarán sujetos al proceso de comentarios públicos.
Por su parte, el gobierno de México manifestó su confianza en que los resultados de las mesas de negociación bilateral, que se desarrollan dentro del proceso de revisión del T-MEC, permitan modificar la propuesta antes de que se convierta en una medida definitiva.
El informe de la USTR define el trabajo forzoso como aquel "trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente". Bajo esta premisa, Washington sostiene que los países investigados permiten la entrada de mercancías fabricadas en estas condiciones, lo que coloca a los productores estadounidenses en una situación de competencia desigual.
El embajador Jamieson Greer, titular de la USTR, calificó como "inaceptable" el fracaso de algunos socios comerciales importantes para abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso, asegurando que esto obliga a los trabajadores estadounidenses a competir globalmente en condiciones desiguales. Greer enfatizó que cada socio comercial debe incrementar sus esfuerzos para garantizar que el comercio no fomente ni perpetúe estas prácticas a nivel mundial.
Finalmente, la medida también coloca a China en un punto central. El presidente Trump regresó recientemente de una visita a dicho país, donde acordó con el líder Xi Jinping la creación de juntas de comercio e inversión para fortalecer los intercambios bilaterales, aunque los detalles específicos de estos mecanismos no han sido revelados.
