La organización no gubernamental JEP ha manifestado su profundo rechazo y preocupación ante el comunicado emitido por el Ministerio Público (MP) respecto a las circunstancias del fallecimiento de Víctor Quero Navas. Según la ONG, el pronunciamiento oficial no logra esclarecer los hechos y, por el contrario, parece estar diseñado para proteger la opacidad del Estado y evitar que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
A través de un mensaje publicado en la red social X, la organización calificó de "alarmante" que la Fiscalía pretenda presentar un documento de pocos párrafos como si fuera el resultado definitivo de una investigación real y exhaustiva. Para la JEP, el contenido del comunicado solo podría considerarse aceptable si se interpretara como un avance preliminar; de lo contrario, sostuvieron que se estaría ante un intento de "carpetazo" que carece del más mínimo rigor investigativo.
En el pronunciamiento oficial, el Ministerio Público informó que, tras realizar la necropsia de ley y diversos estudios complementarios —incluyendo análisis histológicos y toxicológicos—, se determinó que el deceso de Víctor Quero fue provocado por un tromboembolismo pulmonar. La Fiscalía enfatizó que en el cadáver no se evidenciaron "lesiones traumáticas". Asimismo, los estudios permitieron establecer una data de muerte aproximada de entre diez meses y un año.
No obstante, la ONG sostiene que este informe, lejos de dar respuestas, genera más interrogantes y parece redactado específicamente para blindar al Estado. La JEP señaló que el comunicado despacha el fallecimiento sugiriendo una causa estrictamente médica, pero evade deliberadamente la responsabilidad penal del aparato estatal. En este sentido, la organización argumentó que, incluso si se acepta que Quero murió por una enfermedad, el Estado tiene la obligación de demostrar si el detenido recibió la atención médica adecuada o si, por el contrario, existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, un punto que el Ministerio Público omitió por completo.
Uno de los aspectos más críticos señalados por la ONG es lo que definieron como un "silencio cómplice" respecto al paradero del detenido. Durante 16 meses, la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, recorrió diversas instituciones en busca de información sobre su hijo, sin obtener respuesta alguna. Para la JEP, el hecho de que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después de ocurrida es un acto inadmisible.
En su análisis, la ONG sostiene que el Ministerio Público ignora deliberadamente la cadena de responsabilidades que involucra a múltiples organismos. Entre las instituciones señaladas se encuentran la propia Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Poder Judicial y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Sobre la cronología de los hechos, el Ministerio para el Servicio Penitenciario había informado previamente que Quero Navas estuvo recluido en el centro penitenciario El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. Según los registros oficiales, el detenido fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año debido a que presentaba un síndrome febril agudo y una hemorragia digestiva superior. El reporte oficial indica que falleció casi diez días después a causa de una insuficiencia respiratoria aguda secundaria al tromboembolismo pulmonar.
Ante este escenario, la JEP ha exigido la apertura de una investigación exhaustiva que rinda cuentas claras sobre la presunta desatención médica y que permita llevar ante la justicia a cada uno de los funcionarios responsables de la desaparición y el posterior ocultamiento de Víctor Quero.
Este caso ha generado una ola de cuestionamientos no solo por parte de ONG, sino también de activistas y partidos políticos, quienes rechazan la tardanza del Estado en notificar el fallecimiento. Debido a la falta de transparencia y al rigor cuestionado de las investigaciones internas, diversos sectores han exigido que el proceso cuente con el apoyo y la supervisión de organismos internacionales para garantizar la verdad y la justicia.
