Tras haber sido postergada en dos ocasiones, la entrega del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del actual gobierno finalmente se llevó a cabo a comienzos de esta semana. El reporte fue presentado directamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un hecho que ya llamó la atención de los observadores, dado que habitualmente esta tarea recae en la Dirección de Presupuestos. Sin embargo, el aspecto más disruptivo de la jornada fue la denuncia realizada por el secretario de Estado, quien señaló que el último informe elaborado por la administración anterior contenía graves errores en la contabilidad de la deuda pública proyectada para el periodo 2026-2030.
Según detalló el ministro Quiroz, el informe de la gestión pasada no incluyó deuda por un monto aproximado de US$ 10.500 millones para dicho ciclo, una omisión que podría acarrear diversas implicancias para el país. Ante este hallazgo, el titular de Hacienda informó que ha instruido una investigación interna con el objetivo de determinar si esta divergencia fue producto de un error técnico o si existen otros factores involucrados, dejando abierta la posibilidad de que el caso sea derivado a la vía judicial.
Esta revelación generó un impacto inmediato en el escenario político. Parlamentarios del Partido Republicano y del Nacional Libertario anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este movimiento ha tensionado la relación entre el oficialismo y la oposición, pero también ha evidenciado grietas dentro del propio bloque gubernamental, particularmente porque Chile Vamos ha manifestado que ve con distancia la presentación de dicha acusación.
Por su parte, quienes fueron autoridades económicas del gobierno anterior han respondido a las acusaciones, descartando cualquier manipulación de datos o error contable. Su defensa se basa en que la transformación de un déficit en deuda depende de diversos factores técnicos. En sintonía con esto, gran parte de los expertos consultados no han respaldado plenamente las afirmaciones de Quiroz. Si bien existe consenso en que el gobierno anterior dejó un déficit fiscal considerable, la mayoría de los especialistas estima que las diferencias en las proyecciones de deuda podrían responder a criterios distintos para suplir el déficit proyectado y no necesariamente a un incremento de la deuda, sugiriendo que el problema sería una falta de prudencia en los criterios aplicados más que una irregularidad.
En este contexto, ha surgido una fuerte crítica hacia la forma en que el ministro Quiroz manejó el anuncio. Se cuestiona que haya actuado de manera temeraria, sin evaluar el impacto que tales declaraciones podrían tener sobre su propia credibilidad, la del gobierno y la imagen internacional de Chile. El hecho de que el jefe de las finanzas públicas ponga en duda informes oficiales y proyecte diferencias por US$ 10.000 millones genera una percepción de desorden en las finanzas públicas, sugiriendo que el país podría superar el límite prudencial de deuda del 45% del PIB en pocos años.
Diversos sectores señalan que, dado que el informe fue postergado dos veces, hubo tiempo suficiente para agotar los esfuerzos de coordinación con las autoridades anteriores y validar las discrepancias con voces técnicas. Al no hacerlo, el ministro presentó un reporte con escenarios demasiado abiertos, afectando la solvencia y el prestigio del país ante los mercados internacionales.
La decisión de presentar estas diferencias con tintes de escándalo ha dado pie a especulaciones sobre las motivaciones políticas detrás del anuncio, especialmente por la cercanía de la cuenta pública presidencial. La simultaneidad de la denuncia con la amenaza de una acusación constitucional alimenta la sospecha de que se trató de una estrategia para complicar a la oposición, aunque los efectos parecen haber sido contraproducentes, dividiendo al oficialismo y reabriendo debates internos sobre la cohesión de sus partidos.
Incluso dentro del gabinete se perciben visiones encontradas. El ministro del Interior ha transparentado que una acusación contra Grau podría tensar el clima en el Congreso, dificultando la obtención de votos de senadores de oposición necesarios para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional. Finalmente, el hecho de que parlamentarios de Chile Vamos rechacen la acusación para priorizar acuerdos legislativos sugiere que estas herramientas constitucionales están quedando supeditadas a conveniencias políticas. Aunque es legítimo que Hacienda alerte sobre el estado de las finanzas, la forma en que se procedió ha generado un ruido innecesario que desplaza el debate urgente sobre el deterioro de las cuentas fiscales del país.
