La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de su Intendencia de Recaudación, presentó la actualización del informe sobre la estimación del gasto tributario en Guatemala, revelando que durante el ejercicio fiscal 2025 este monto ascendió a Q22 mil 586 millones. Esta cifra representa el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El informe detalla que la mayor parte de estos beneficios fiscales se concentraron en dos impuestos principales. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró un gasto de Q15 mil 164 millones, lo que equivale al 1.6% del PIB. Por su parte, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sumó Q6 mil 186 millones, representando el 0.7% del PIB. En conjunto, el IVA y el ISR absorbieron Q21 mil 350 millones, lo que constituye el 94.5% del gasto tributario total del periodo.
Para contextualizar estas cifras, el documento define el gasto tributario como el total de los ingresos que el Estado deja de percibir debido a la aplicación de tratamientos preferenciales establecidos en la legislación. Estos beneficios pueden manifestarse a través de exoneraciones, exenciones, franquicias o deducciones especiales, las cuales están contenidas en la Constitución Política de la República, en leyes ordinarias —incluyendo las tributarias— y en diversos instrumentos de política económica diseñados para atraer inversiones y fomentar la generación de empleo.
En cuanto al desglose por tipo de impuesto, el informe indica que Q15 mil 775 millones correspondieron a impuestos indirectos, mientras que Q6 mil 811 millones se asociaron a impuestos directos.
El análisis separa a los beneficiarios en dos grandes grupos: aquellos amparados por la Constitución y aquellos bajo leyes ordinarias. Los beneficiarios constitucionales sumaron un monto de Q5 mil 114 millones, equivalente al 22.7% del total. Dentro de este grupo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reportó Q2 mil 476 millones; los centros educativos, Q1 mil 550 millones; las universidades, Q1 mil 68 millones; y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) junto a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Q18.2 millones.
Por otro lado, los beneficiarios amparados por leyes ordinarias representaron la mayor parte del gasto, con Q17 mil 472 millones, es decir, el 77.4% del total. Entre los cinco grupos de contribuyentes que más utilizaron estas exoneraciones destacan: personas individuales y familias con Q7 mil 360 millones; intermediación financiera con Q2 mil 272 millones; actividades mercantiles con Q1 mil 633 millones; instituciones de asistencia social con Q1 mil 336 millones; y empleados en relación de dependencia con Q1 mil 221 millones. Estos cinco sectores sumaron Q13 mil 822 millones, lo que representa el 79% del monto asignado a leyes ordinarias.
Werner Ovalle Ramírez, superintendente de la SAT, señaló que el gasto tributario de 2025 se mantuvo estable en torno al 2.4% del PIB desde una perspectiva macroeconómica. El funcionario aclaró que, aunque algunos incentivos fiscales pudieron variar al alza o a la baja según el comportamiento de las actividades económicas asociadas, no hubo un incremento significativo respecto al tamaño de la economía. Asimismo, confirmó que en 2025 no se realizaron cambios legislativos relevantes que ampliaran los beneficios vigentes.
El titular de la SAT enfatizó la importancia de que el diálogo fiscal futuro permita analizar la relación costo-beneficio de estos tratamientos diferenciados para determinar si deben continuar o ser suprimidos. Además, destacó los avances en los mecanismos de control y trazabilidad, mencionando que el estudio ahora se basa más en declaraciones aduaneras y tributarias reales, reduciendo la dependencia de estimaciones.
Desde una perspectiva internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación de junio, subrayó que Guatemala necesita aumentar sus ingresos fiscales para reducir las brechas en infraestructura y áreas sociales. El organismo señaló que la recaudación tributaria se ha mantenido estancada cerca del 12% del PIB durante décadas. El FMI recomendó evitar la creación de nuevos regímenes especiales que erosionen la base imponible y sugirió una reforma fiscal integral que racionalice el gasto tributario y aumente las tasas impositivas, especialmente el ISR.
Finalmente, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), recordó que el gasto tributario es una práctica legal basada en leyes vigentes. Puso como ejemplo la deducción del IVA para empleados en relación de dependencia, vinculándola al concepto de "mínimo vital". No obstante, Barrientos señaló que existen otras modalidades legales cuya legitimidad actual es cuestionable, ya que, aunque tuvieron una justificación económica original para atraer inversión, su pertinencia hoy es objeto de debate.
