El Ministerio Público ha anunciado formalmente que procederá a apelar los autos de no ha lugar emitidos por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Esta decisión judicial favorece al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, así como al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y a los ciudadanos Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias, todos ellos involucrados en el proceso judicialmente conocido como el caso Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, quien se desempeña como titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó fuertes críticas hacia la resolución adoptada por la jueza Altagracia Ramírez. Según Camacho, una lectura sencilla de la resolución evidencia que existió una «errónea apreciación de las pruebas» por parte del tribunal. El funcionario fue enfático al adelantar que la institución fiscal no aceptará la decisión y recurrirá a la apelación, basándose en que es evidente que el tribunal incurrió en errores al valorar los elementos probatorios presentados durante el proceso.
En el desglose de sus argumentos, el procurador adjunto señaló que el tribunal acogió los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (conocido como Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. No obstante, Camacho subrayó que, a pesar de que estos testimonios fueron presentados y quedaron grabados en la audiencia, la jueza no se refirió a ellos al momento de dictar los autos de no ha lugar. Para el Ministerio Público, esto representa una omisión grave, ya que el tribunal no valoró correctamente dicha prueba testimonial.
Asimismo, Camacho resaltó una contradicción particular en la decisión judicial. Mencionó que el tribunal otorgó un auto de no ha lugar a uno de los acusados, a pesar de que el Ministerio Público aportó un documento donde dicha persona había escrito su nombre de puño y letra, firmando además por otras seis personas, algunas de las cuales ya habían fallecido. El director general de Persecución enfatizó que es evidente que el tribunal entró en contradicción, inobservancia y errónea apreciación de las pruebas, siendo este el motivo central de la impugnación.
A pesar de los autos de no ha lugar otorgados a cinco de los procesados, Wilson Camacho calificó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad el hecho de que 35 de las 40 personas investigadas hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, mantuvo su postura de que la totalidad de los 40 procesados deben comparecer ante el tribunal para responder por los delitos que se les imputan. Camacho recordó que los hechos investigados ocurrieron en el Ministerio de Hacienda, señalando que el ministro de Hacienda de aquel momento se encuentra entre las 35 personas enviadas a juicio.
La decisión de enviar a juicio a la mayoría de los acusados se fundamentó en que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados. Estos hechos se enmarcan en una estructura de corrupción administrativa desmantelada a través de la Operación Calamar, la cual habría defraudado al Estado dominicano con una suma superior a los 19 mil millones de pesos.
Entre los principales implicados que enfrentarán el juicio se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward y sus empresas; el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo Mccabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña; y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa.
Además, el tribunal ordenó el envío a juicio de Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También fueron incluidos en el grupo que deberá responder judicialmente César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes.
El equipo legal del Ministerio Público que lideró la litigación estuvo compuesto por el procurador adjunto Wilson Camacho y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.
Sobre el proceso cronológico, el expediente había quedado en estado de fallo el pasado 27 de marzo de 2026, fecha en la que se cerraron los debates. La audiencia para conocer la decisión se llevó a cabo el viernes pasado, iniciando pasadas las 7:30 de la noche y concluyendo después de las 11:00 p.m. Debido a la hora, la jueza Ramírez realizó una lectura sucinta de los puntos más relevantes y entregó la sentencia en formato digital a todas las partes involucradas.
