El Día de los Patrimonios se desarrollará este año bajo un escenario significativamente distinto a versiones anteriores, debido a un ajuste presupuestario del 10% implementado en el Ministerio de las Culturas por su titular, Francisco Undurraga. Esta reducción ha generado una ola de protestas y alertas sobre el estado de conservación y operatividad de diversos espacios culturales y sitios de memoria en todo el territorio chileno.
De acuerdo con datos proporcionados por el Observatorio de Políticas Culturales (OPC), el ámbito del patrimonio ha sido uno de los sectores más golpeados por estas medidas. Las cifras revelan caídas drásticas en fondos clave: el Fondo del Patrimonio sufrió una reducción del 74,4%, el Fondo Concursable del Patrimonio disminuyó en un 44,3% y el área de Programación y Difusión de los Patrimonios cayó un 17%.
Margarita Hormázabal, presidenta Nacional de Anatrap, alertó que el presupuesto de difusión se redujo en más de 500 millones de pesos. Esta situación ha obligado a la reducción o eliminación de actividades programadas que implicaban retribuciones económicas para cultores locales, tales como payadores, circos familiares y tejedoras, entre otras manifestaciones culturales. Hormázabal lamentó que, especialmente en las regiones, se hayan suspendido talleres y funciones, lo que conlleva una menor presencia territorial de los equipos y una peligrosa concentración de las actividades en las capitales y centros urbanos, restando impacto a una fiesta ciudadana que debería abarcar todo el país.
Existen ya casos concretos que evidencian la gravedad de la situación. Fuentes sindicales de la secretaría de Estado informaron que el ministerio canceló, a nivel general en todas las regiones, una actividad abierta a la ciudadanía que tradicionalmente cerraba las jornadas del Día de los Patrimonios: un concierto de clausura con artistas locales, cuyos contratos ya habían sido regionalizados y comprometidos.
La crisis se refleja también en la infraestructura básica. El Museo Mapuche de Cañete ha tenido que reducir sus actividades al mínimo y, en la práctica, cerrar sus puertas debido a la falta de servicios básicos. Al no contar con museografía adecuada ni acceso a agua potable a través de pozos o vertientes, la institución depende de camiones aljibe, servicio que ya no puede costear debido a los recortes. Por su parte, el Museo del Limarí ha suspendido todas sus actividades habituales debido a graves problemas eléctricos que no han podido ser solventados por falta de recursos económicos.
Asimismo, el Sitio de Memoria Londres 38 mantendrá cerradas sus dependencias por problemas de infraestructura, luego de que el proyecto de reparación fuera desestimado por las autoridades gubernamentales. Usualmente, este sitio recibe más de 2 mil visitantes en esta fecha, pero ahora solo permitirá el acceso a la zona de entrada, trasladando las interacciones a la vía pública.
Ante este panorama, el Frente de Trabajadores/as del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, liderados por ANFUCULTURA, realizaron manifestaciones este lunes. En un comunicado firmado por más de 100 organizaciones, hicieron un llamado a la ciudadanía para "tomar conciencia de lo que está en peligro", citando que museos, bibliotecas, archivos, monumentos históricos, sitios de memoria de derechos humanos y tradiciones vivas se encuentran en riesgo.
Jorge González San Martín, presidente nacional de ANFUCULTURA, calificó la medida como un "ensañamiento", señalando que el recorte del 10% en planes y programas se aplica sin análisis ni conversaciones previas. En términos financieros, el ajuste corresponde a $36.000 millones en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y $15.000 millones en la Subsecretaría y el Servicio del Patrimonio Cultural. González enfatizó que estas medidas afectan irreparablemente la formación artística de nuevas generaciones y la producción de obras de arte.
Consultado sobre estos recortes, el Ministerio de las Culturas evitó pronunciarse. Por su parte, la subsecretaría del Patrimonio Cultural se limitó a destacar que el Día del Patrimonio se ha consolidado como la principal fiesta cultural de Chile y una experiencia ciudadana que promueve el sentido de comunidad y pertenencia, sin abordar los problemas financieros reportados.
Finalmente, Sonia Neyra Rojas, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, advirtió que el impacto trasciende la fecha conmemorativa. Alertó sobre la menor disponibilidad de recursos para la digitalización de bienes patrimoniales y la conservación de patrimonios indígenas y vivos. Además, Neyra denunció que el proyecto de Ley Miscelánea incorpora modificaciones a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales que podrían generar un "vacío administrativo". Según Neyra, esto permitiría que empresas operen sin permisos si no hay respuesta en los plazos indicados, o que el fisco deba devolver la inversión inicial si un proyecto es rechazado, lo que consideró un atentado a la protección patrimonial que beneficiaría principalmente a empresas extractivistas y transnacionales.
