El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, ha advertido que la implementación de nuevos controles bancarios y financieros en los Estados Unidos podría generar diversas repercusiones en el flujo de las remesas familiares, afectando principalmente a los migrantes encargados de realizar estos envíos. A pesar de estas observaciones, el funcionario señaló que, en este momento, resulta prematuro realizar ajustes en los indicadores económicos nacionales basándose en estas medidas.
La inquietud surge a raíz de una disposición emitida por el Gobierno de Estados Unidos el pasado 19 de mayo, mediante una orden ejecutiva denominada “Restoring Integrity to America’s Financial System”. Esta normativa introduce una serie de controles financieros y bancarios que, según el análisis de González Ricci, podrían impactar el crecimiento económico de Guatemala y el consumo privado, aunque de una manera indirecta.
De acuerdo con el presidente del Banguat, la medida estadounidense no establece una prohibición general sobre el envío de dinero ni impone un impuesto adicional a las transferencias. No obstante, el impacto se manifestaría a través de un incremento en los controles, mayores costos operativos y una mayor fricción en los procesos de envío.
El funcionario detalló que, aunque el texto de la orden ejecutiva no menciona explícitamente las remesas, existen tres pilares fundamentales en la normativa que inciden directamente en este canal financiero. En primer lugar, se ha endurecido la aplicación de los requisitos de “conozca a su cliente” (Know Your Customer, KYC) y los protocolos de debida diligencia bajo la Ley de Secreto Bancario. Esta medida afecta especialmente a aquellas personas que no cuentan con una autorización de trabajo legal o que utilizan documentos alternativos para sus trámites, tales como el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) o las identificaciones consulares, también conocidas como matrícula o tarjeta consular.
En segundo lugar, la orden ejecutiva otorga facultades adicionales al Departamento del Tesoro, actuando a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), así como a los reguladores bancarios. Estos organismos están ahora autorizados e impulsados a revisar y ajustar sus reglamentos para permitir que las instituciones financieras soliciten información detallada sobre el estatus migratorio y la situación laboral del cliente, siempre que consideren que dicha información es relevante para mitigar riesgos de fraude o actividades ilícitas.
Como tercer punto crítico, la disposición estadounidense pone la lupa sobre las transferencias de bajo monto y los patrones denominados de “estructuración”. Estas prácticas, que consisten en realizar remesas pequeñas y frecuentes, son ahora vistas como focos de riesgo, debido a que podrían ser utilizadas para encubrir actividades relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos financieros.
Sobre el uso del ITIN, González Ricci aclaró que, si bien este documento es reconocido como una herramienta fundamental para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Estados Unidos, la orden ejecutiva lo señala como un factor de riesgo. Esto podría activar lo que se conoce como una “enhanced due diligence” o debida diligencia reforzada, lo que implica procesos de verificación más estrictos y lentos para el usuario.
A pesar de estos posibles obstáculos, el Banguat mantiene sus proyecciones económicas. El presidente de la entidad afirmó que no se prevé una contracción de las remesas familiares ni que estas desaparezcan en el futuro. Por esta razón, se mantiene la estimación de un crecimiento del 5% en el flujo de remesas para el cierre del año 2026, proyectando que el monto total superará los Q27 mil millones.
En cuanto al impacto en el sistema bancario local, González Ricci aseguró que las instituciones financieras en Guatemala no se verían afectadas de manera significativa. Aunque subrayó la importancia de monitorear constantemente los flujos de dinero, reiteró que no anticipan una caída en el volumen de los envíos.
Finalmente, el funcionario informó que la entrada en vigor de estas medidas estadounidenses no será inmediata, sino que se llevará a cabo de forma paulatina, cumpliendo con plazos establecidos de 60, 90 y 180 días.
