Los habitantes del municipio de Irupana, ubicado en el departamento de La Paz, han hecho pública una grave denuncia contra la estación de servicio denominada Gasolcamp. La acusación se centra en la comercialización de gasolina a un precio de 9 bolivianos por litro, una cifra que excede significativamente el precio regulado establecido por la normativa nacional vigente en Bolivia.
La situación fue detallada por Lino Mendoza, quien se desempeña como presidente del Control Social de Irupana. En una entrevista concedida al medio Urgente.bo, Mendoza explicó que tanto las organizaciones sociales como el cuerpo de control social habían desplegado una serie de gestiones coordinadas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y diversas autoridades del Gobierno central. El objetivo de estas acciones era asegurar la llegada de combustible al municipio, el cual se había visto severamente afectado por la escasez derivada de los bloqueos que han impactado la región.
Como resultado de estas gestiones, se logró que la estación de servicio recibiera un contingente de doce mil litros de carburante. Sin embargo, la satisfacción por la llegada del combustible se transformó rápidamente en indignación cuando se detectó que el surtidor vendió el producto a un precio mayor al permitido por la ley, ignorando las directrices oficiales de comercialización.
Mendoza señaló que es una práctica habitual que las organizaciones sociales realicen controles estrictos sobre la distribución del combustible para evitar el desvío del producto hacia mercados informales o actividades ilícitas. Según indicó el dirigente, estos controles se ejecutan basándose en los "usos y costumbres" de la región, asegurando que el recurso llegue efectivamente a quienes lo necesitan.
En cuanto a los motivos detrás del incremento del precio, el presidente del Control Social reveló que existen versiones que intentan justificar el cobro de nueve bolivianos por litro. Según estas versiones, el excedente económico se habría destinado presuntamente a cubrir los gastos de transporte, estadía y viáticos de los dirigentes que se trasladaron a la ciudad de La Paz para realizar las gestiones administrativas ante el Gobierno y la ANH.
Ante estas versiones, Lino Mendoza fue enfático al desmentir cualquier beneficio personal o autorización de este tipo de cobros. El dirigente aseguró categóricamente que no ha recibido recursos económicos por dichas gestiones, afirmando que no se le ha pagado ni un solo centavo por concepto de pasajes o viáticos. Asimismo, rechazó rotundamente haber autorizado cualquier comercialización de gasolina que estuviera fuera del rango del precio oficial.
Mendoza subrayó que, en su calidad de presidente del Control Social del municipio de Irupana, no puede infringir la normativa legal. En este sentido, recordó que el Decreto Supremo 5516 es la norma que establece los precios oficiales de los combustibles en todo el territorio nacional, y cualquier alteración de estos precios constituye una falta grave a la ley.
La población local ha señalado directamente a ciertos dirigentes de organizaciones sociales como responsables de esta irregularidad. Específicamente, se apunta a miembros de la Federación de Varones, quienes participaron activamente en el control de la distribución del combustible. Además, se mencionó que en estos procesos de supervisión también habrían participado representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Respecto a la logística de la venta, el dirigente informó que los 12.000 litros arribaron al surtidor y fueron distribuidos desde el mediodía del jueves hasta la madrugada del viernes. Durante este lapso, se registraron largas filas de ciudadanos que buscaban desesperadamente acceder al combustible, el cual se agotó en un tiempo récord debido a la alta demanda y la escasez previa.
Frente a este escenario de irregularidades, el presidente del Control Social anunció que procederán a presentar una denuncia formal ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El objetivo es que se inicie una investigación exhaustiva para determinar quién fue la persona o entidad que autorizó el cobro irregular. Mendoza advirtió que el incumplimiento del decreto supremo puede acarrear consecuencias severas, que van desde la imposición de multas económicas hasta la clausura definitiva del surtidor Gasolcamp.
Finalmente, el dirigente brindó un reporte sobre la situación general en la región de los Yungas. Explicó que, afortunadamente, aún no se registra un desabastecimiento de productos alimenticios, ya que las rutas principales continúan siendo transitables. No obstante, reconoció que la falta de combustible se ha convertido en el problema más crítico de la zona, afectando gravemente tanto al sector del transporte como a la producción agrícola, motores fundamentales de la economía local.
