En el marco de la conferencia semanal encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, utilizó el espacio público para manifestar una profunda frustración respecto al funcionamiento del sistema judicial en Panamá. El funcionario señaló que diversas decisiones judiciales y la aplicación de medidas cautelares están resultando contraproducentes, debilitando directamente el arduo trabajo realizado por los diferentes estamentos de seguridad del país.
La crítica del ministro Ábrego no se basó en generalidades, sino que se fundamentó en casos concretos que, a su juicio, evidencian una desconexión entre el esfuerzo operativo de las fuerzas policiales y las resoluciones emanadas por los juzgados. Para ilustrar este punto, el titular de Seguridad relató los pormenores de un operativo llevado a cabo hace aproximadamente una semana en la ciudad de Panamá.
Según la explicación brindada por el ministro, las autoridades de seguridad habían recibido información precisa sobre la planificación de un robo que se cometería en un local comercial de la capital. Ante esta alerta, los organismos de seguridad desplegaron una estrategia de vigilancia exhaustiva que se prolongó durante aproximadamente una semana y media. Este despliegue permitió a las autoridades monitorear los movimientos de los sospechosos y coordinar la intervención en el momento oportuno.
El operativo culminó con éxito desde la perspectiva policial, logrando la captura de los presuntos responsables justo en el momento en que abandonaban el establecimiento comercial transportando una caja fuerte robada. No obstante, el malestar del ministro surgió tras la intervención del sistema judicial. Ábrego criticó severamente que, a pesar de la evidencia recolectada, el tiempo invertido en la investigación y la flagrancia de la captura, los detenidos fueran beneficiados con medidas cautelares sumamente laxas.
“Todo un operativo de una semana y media para capturarlos, y al día siguiente los jueces declaran que simplemente tienen que ir a firmar los miércoles”, manifestó el ministro con evidente molestia. Para el funcionario, que la resolución judicial se limite a la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades representa una respuesta insuficiente frente a la gravedad del delito y el esfuerzo logístico desplegado por los cuerpos de seguridad.
Sumado a este caso, el ministro de Seguridad abordó la situación jurídica de un abogado vinculado al denominado caso Batán, quien fue capturado recientemente en España. Si bien Ábrego evitó entrar en detalles profundos sobre el proceso legal en curso, subrayó que existe una preocupación latente y generalizada dentro de los organismos de seguridad sobre el destino procesal del detenido una vez que sea trasladado al territorio panameño.
El ministro expresó su escepticismo sobre la rigurosidad de las medidas que se podrían aplicar al imputado tras su repatriación. En un tono crítico, afirmó que es probable que el Estado asuma los costos del traslado, solo para que el detenido recupere su libertad rápidamente. “Probablemente le vamos a pagar el pasaje, lo traemos a Panamá y al día siguiente está en su casa por cárcel”, sostuvo el funcionario, sugiriendo que el resultado final podría ser nuevamente una medida cautelar que no guarde proporción con la naturaleza del caso.
Estas declaraciones ponen de relieve un clima de tensión y malestar interno dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Según sostuvo el ministro, existe un sentimiento de frustración compartido entre quienes operan en el terreno, ya que consideran que las decisiones judiciales son insuficientes, especialmente cuando se trata de delitos graves o casos de alto perfil.
Para la cartera de Seguridad, este escenario crea un ciclo donde el trabajo de inteligencia y captura se ve neutralizado por resoluciones judiciales que, a su criterio, no reflejan la gravedad de los hechos ni actúan como un elemento disuasorio efectivo contra la criminalidad en el país.
