Una investigación conducida por la agencia Associated Press ha revelado detalles significativos sobre el manejo judicial de Estados Unidos respecto a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según la información obtenida en exclusiva por el medio estadounidense, la administración de Donald Trump habría solicitado de manera directa a los fiscales federales con sede en Miami que evitaran dar continuidad a las investigaciones penales que se llevaban a cabo contra la funcionaria venezolana.
De acuerdo con los hallazgos de Associated Press, los fiscales federales habían mantenido como objetivo principal avanzar en las pesquisas criminales contra quien fuera la vicepresidenta de Nicolás Maduro. El reporte indica que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tenía la intención de progresar en estas acciones legales contra Rodríguez. No obstante, la intervención del gobierno de Trump provocó un giro sorpresivo en el rumbo de dichas investigaciones, frenando el avance que la agencia antidrogas pretendía lograr.
Para sustentar estas afirmaciones, Associated Press tuvo acceso a registros de la DEA obtenidos a principios de 2026. Estos documentos dan cuenta de que Delcy Rodríguez ha estado bajo el escrutinio y en la mira de las autoridades federales desde el año 2018. A pesar de este seguimiento prolongado de casi ocho años, la fuente señala que, hasta el momento, Rodríguez no ha sido acusada penalmente por el gobierno de los Estados Unidos.
La razón detrás de la orden de detener la investigación, según explicó un funcionario consultado por el medio, radicaba en la intención de no obstaculizar las iniciativas del Gobierno estadounidense orientadas a restablecer la estabilidad en Venezuela. Este movimiento ocurrió en un contexto crítico, posterior a la detención de Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra preso en Nueva York. La prioridad política de evitar entorpecer la transición y la estabilidad regional habría prevalecido sobre la persecución penal de la funcionaria.
Sin embargo, existe una contradicción oficial respecto a estos hechos. Un portavoz del Departamento de Justicia, al ser consultado por Associated Press, afirmó que “nunca hubo una investigación en su contra que pudiera ser clausurada”, negando así la existencia de un proceso activo que hubiera sido detenido por orden superior. Asimismo, no se ha precisado con exactitud si la Casa Blanca tuvo una participación directa en la determinación de frenar el caso, ya que el Ejecutivo derivó las consultas correspondientes al Departamento de Justicia.
El testimonio de antiguos funcionarios refuerza la idea de que hubo una instrucción clara de retirarse del caso. Uno de los exfuncionarios consultados declaró que “a todos se les indicó que abandonaran el lugar”. Cabe destacar que tanto este exservidor público como el funcionario actual que proporcionó información hablaron bajo reserva de identidad, debido a que no contaban con la autorización formal para revelar detalles sobre las deliberaciones internas relacionadas con este expediente.
Estas revelaciones surgen en un momento de profunda transformación política en Venezuela. Delcy Rodríguez, quien previamente se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la conducción del país como presidenta encargada luego de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro mediante una operación militar ejecutada en el mes de enero.
Desde que tomó las riendas del Estado, Rodríguez ha implementado una serie de cambios estructurales en la administración pública. Recientemente, anunció la creación de una comisión de “reestructuración” del Gobierno, cuyo objetivo es adaptar la maquinaria estatal a lo que ella define como una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Maduro.
Como parte de este proceso de reorganización, la presidenta encargada ha modificado la mitad del gabinete ministerial que heredó de la gestión anterior. Además, Rodríguez ha procedido a sustituir a la totalidad de los integrantes del alto mando militar, así como a una gran parte de los comandantes regionales del ejército, consolidando así un nuevo esquema de mando en las fuerzas armadas y en el Poder Ejecutivo venezolano.
