Luis Carranza, exministro de Economía y actual representante del plan económico de Fuerza Popular, ha planteado la necesidad urgente de cerrar las iniciativas de gasto promovidas por el Congreso de la República. Para lograr este objetivo, el economista propone acudir al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que se aclare y delimite el papel del Poder Legislativo en materia de generación de gastos públicos.
Esta propuesta surge como respuesta a una situación jurídica establecida en el año 2022, cuando el Tribunal Constitucional realizó una interpretación del artículo 79 de la Constitución Política. Dicha interpretación otorgó al Congreso cierta facultad para emitir leyes que generan gastos, una atribución que, según Carranza, ha impactado negativamente en la caja fiscal del Estado.
El análisis de Carranza se fundamenta en que los gastos que no han sido planificados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dentro del Presupuesto Público están creando una carga fiscal considerable para el futuro. El economista advirtió que, a pesar de que el país se encuentra en un super ciclo de precios favorables para los metales, los mayores ingresos generados por este fenómeno están siendo superados por el nivel de gastos. Esta situación mantiene la preocupación sobre el déficit fiscal persistente.
Para sustentar esta postura, Carranza se basó en los datos proporcionados por el Consejo Fiscal (CF). Según este organismo, las iniciativas impulsadas por el Congreso han implicado un costo fiscal anualizado de 11,400 millones de soles proyectado hasta el año 2025. Este monto considera que muchos de estos pagos tienen un carácter permanente, citando como ejemplos el aumento de las pensiones de los profesores jubilados —para equipararlas con las del maestro en actividad— y el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen CAS.
En declaraciones brindadas a RPP, el exministro manifestó su acuerdo con el diagnóstico emitido por el Consejo Fiscal respecto al deterioro de las finanzas públicas. Carranza resaltó la gravedad de la situación, señalando que existe un riesgo real de perder el grado de inversión para el año 2031 si no se toman medidas correctivas. Ante este escenario, afirmó categóricamente que la prioridad actual debe ser controlar el gasto corriente.
Respecto a la gestión de los recursos, Carranza señaló que el problema central no radica en la necesidad de aumentar el gasto público, sino en mejorar la eficiencia de este. Sostuvo que es fundamental que las inversiones se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudadanía. En ese sentido, hizo hincapié en que los recursos del Estado deben llegar efectivamente a las poblaciones más vulnerables, evitando que el dinero se pierda en contrataciones de funcionarios basadas en el clientelismo político.
En el ámbito de la política monetaria, el economista subrayó la importancia de que el Banco Central de Reserva (BCRP) mantenga su autonomía. Para Carranza, es vital que la entidad continúe manejando la política monetaria basándose en criterios estrictamente técnicos y no en presiones o criterios políticos.
Finalmente, Luis Carranza expresó su rechazo a la propuesta presentada por el partido Juntos por el Perú, la cual plantea subir el sueldo mínimo a 1,500 soles. El experto advirtió que una medida de este tipo tendría efectos negativos severos sobre las pequeñas empresas y la formalidad laboral. Según su análisis, el sector empresarial menor no podría sostener un incremento del 33% en su planilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad de los empleos formales.
