Este miércoles se confirmó el traslado de reos comunes desde el Centro Penitenciario de Til Til, establecimiento ampliamente conocido como ex Punta Peuco, hacia otros recintos penales del país. La medida, que ha generado diversas reacciones en el ámbito político, responde a procesos administrativos y solicitudes específicas de los propios internos.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes de Palacio a La Radio, el movimiento de los reclusos se basa en criterios técnicos establecidos por Gendarmería. Según se detalla, los internos involucrados decidieron abandonar el recinto de manera voluntaria. En concordancia con reportes de CNN Chile, se precisó que tres personas fueron trasladadas específicamente al Centro de Detención Preventiva de Casablanca y a la Cárcel de Temuco.
Gendarmería de Chile, a través de un comunicado oficial, ratificó el traslado de los privados de libertad. La institución explicó que los internos fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios luego de que presentaran una petición por escrito manifestando su voluntad de ser trasladados. Al respecto, la entidad señaló que estas acciones forman parte de gestiones técnicas y normativas que se llevan a cabo de manera continua.
El comunicado de Gendarmería subrayó que estas decisiones están orientadas por criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto. El objetivo primordial, según la institución, es asegurar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario a nivel nacional.
La identidad y el historial de los trasladados fueron revelados por CNN Chile. Entre ellos se encuentra Clemente Espinoza Fuentes, de 75 años, quien fue condenado en el año 2012 a una pena de 15 años de prisión por la violación de una menor de 14 años. Espinoza es destacado como el primer reo con condena común que fue trasladado a Punta Peuco proveniente del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.
También fue trasladado Juan Carlos Carrasco Zamorano, de 70 años, quien cumple una condena de siete años por abuso sexual, habiendo ingresado a prisión en marzo de 2024. Finalmente, se encuentra Iván Ricardo Moreno Tobar, de 69 años, quien fue condenado en julio de 2025 a seis años de prisión por la violación de una menor de 14 años.
Este movimiento de internos ocurre en un contexto de fuerte tensión política. El presidente José Antonio Kast ha expresado críticas severas hacia la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de convertir el recinto de ex Punta Peuco en una cárcel común, permitiendo así el ingreso de reos que no pertenecen al régimen anterior del centro.
Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió la posibilidad de revisar la situación del centro penitenciario. En declaraciones emitidas el pasado 15 de mayo, Alvarado explicó que el Presidente ha manifestado que la decisión tomada por el gobierno anterior no es satisfactoria para él y que existe la disposición para evaluar, analizar y revisar dicha situación, asegurando que cualquier decisión final será comunicada oportunamente.
A este escenario se suma la presión ejercida por el Partido Nacional Libertario, la cual se reactivó tras la muerte hace una semana del exfiscal militar Óscar Alfonso Podlech, quien cumplía condena por crímenes de lesa humanidad en Colina 1. Este hecho llevó al partido a acusar al Gobierno de falta de "coraje" en el uso de la facultad de indulto presidencial, reabriendo el debate sobre la administración y el destino del penal ex Punta Peuco.
Desde el Ministerio de Justicia se ha mantenido una postura técnica sobre el manejo de los reclusos. El titular de la cartera, Fernando Rabat, ha señalado previamente que la distribución de las plazas en Punta Peuco es una materia estrictamente administrativa que compete al Director Nacional de Gendarmería. Según Rabat, es dicha autoridad quien debe evaluar la correcta segregación de los internos, basándose siempre en la seguridad, el reglamento vigente y el resguardo de la dignidad de las personas privadas de libertad, enfatizando que la destinación de reclusos es una atribución exclusiva de Gendarmería y que, por norma, no se anuncian previamente.
