Gendarmería de Chile ha confirmado el traslado de tres internos condenados por delitos comunes que se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario de Tiltil, recinto que es ampliamente reconocido en el ámbito público y judicial como el penal de Punta Peuco. Este movimiento administrativo ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y técnica respecto a la administración y el uso de los centros penitenciarios del país.
Según la información proporcionada por la institución penal a través de un comunicado oficial, el traslado de estos tres reos no fue una medida impuesta unilateralmente por el mando institucional, sino que respondió a una petición formal y por escrito presentada por los mismos internos. Esta solicitud voluntaria fue el detonante para que la institución evaluara la viabilidad del traslado basándose en sus facultades legales y reglamentarias vigentes.
Gendarmería precisó que la reubicación de estos privados de libertad en distintos establecimientos penitenciarios se llevó a cabo siguiendo estrictamente las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y los criterios de segmentación establecidos. La institución subrayó que el proceso de traslado se ajustó a las normas que rigen el sistema carcelario, asegurando que los internos fueran movilizados a recintos que se adecuaran a su perfil y situación jurídica actual.
Asimismo, la entidad añadió que esta medida se enmarca dentro de una serie de gestiones técnicas y normativas que se desarrollan y ejecutan de manera continua. Estas acciones están orientadas a optimizar los criterios de seguridad, mejorar las condiciones de habitabilidad y responder a las exigencias operativas específicas que cada recinto penitenciario demanda. El objetivo final de estas gestiones, según el comunicado emitido, es garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad bajo su custodia.
El traslado de estos tres reos se produce apenas dos semanas después de que el Presidente José Antonio Kast manifestara sus críticas hacia una decisión tomada previamente por el exmandatario Gabriel Boric. La controversia radica en la intención de transformar, para el año 2025, el recinto de Tiltil en un penal destinado a presos comunes. Al respecto, Kast relevó la necesidad de mantener la naturaleza del recinto, argumentando que los prisioneros condenados por causas de Derechos Humanos deben permanecer en un establecimiento exclusivo para aquellos sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
Sumado a este escenario, la decisión de Gendarmería surge una semana después de las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. En una entrevista concedida al medio ADN, el secretario de Estado abordó la situación de Punta Peuco y enfatizó la necesidad de aplicar una segregación adecuada de la población penal. Rabat dejó claro que la gestión de los internos y la determinación de quién debe estar en cada penal no es una decisión política directa del ministerio, sino una responsabilidad técnica.
El ministro Rabat señaló explícitamente que la segregación y la derivación de las personas privadas de libertad hacia los distintos penales es una competencia que recae sobre el director de Gendarmería, Rubén Pérez. Para el ministro, el director es quien posee la facultad y la autoridad para decidir, basándose en razones que él estimará convenientes, quiénes deben ocupar cada recinto, considerando factores críticos como la seguridad y la dignidad de los internos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el director Pérez reciba directrices externas al respecto, el ministro Rabat insistió en que el director de Gendarmería actuará conforme a lo establecido en el reglamento. El secretario de Estado confió en que Pérez, apoyándose en su experiencia profesional y analizando las necesidades operativas de cada penal, determinará la mejor manera de integrar a la población penitenciaria en los diversos recintos del sistema.
