El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llevó a cabo esta mañana una reunión de carácter protocolar con el fiscal nacional, Ángel Valencia, en las dependencias del Ministerio Público. El encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer los vínculos institucionales y coordinar las acciones conjuntas frente a la situación delictual que afecta al país.
Tras finalizar la cita, el secretario de Estado manifestó una valoración positiva del encuentro, detallando que durante la sesión se abordaron diversas estadísticas generales relacionadas con fenómenos criminales complejos. Entre los puntos centrales de la discusión destacaron el avance y la incidencia del crimen organizado, la problemática de los secuestros y diversos temas relativos al ámbito penitenciario.
Ambas autoridades conversaron sobre la importancia de mantener un compromiso firme para seguir trabajando de manera coordinada en múltiples materias. En este contexto, el ministro Arrau explicó que existen diversos proyectos de ley que son de interés mutuo para ambas instituciones, además de la necesidad de mantener coordinaciones estrechas en programas operativos. Uno de los ejemplos más destacados mencionados fue el programa ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), una herramienta ya conocida que se gestiona conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.
Durante la instancia, el ministro fue consultado específicamente sobre la continuidad del plan ECOH, el cual depende del Plan Calles Sin Violencia, una iniciativa creada e implementada durante la administración anterior de Gabriel Boric. Al respecto, Arrau subrayó la naturaleza del rol del Estado, señalando que la función primaria de este es defender los derechos fundamentales de las personas, incluyendo la integridad personal, la vida y la propiedad privada.
En relación a la herencia de las políticas públicas, el secretario de Estado afirmó que, cuando se trata de seguridad, centrarse en "qué gobierno hizo qué" es una visión reduccionista. Para ilustrar este punto, Arrau mencionó ejemplos de políticas con trayectoria, como el Plan Cuadrante, que lleva décadas en ejecución, y el Plan MT-0 de la PDI, que también cuenta con muchos años de implementación. Calificó estas medidas como "muy buenas políticas públicas" que, no obstante, deben ser ajustadas a los tiempos actuales y a los nuevos fenómenos delictivos.
El ministro fue enfático al señalar que cualquier pretensión de "refundar las instituciones" o anular lo que ya se está haciendo en materia de estrategia de seguridad es un error. Sostuvo que la clave reside en la mejora constante, ya que el fenómeno delictual es dinámico y varía con el tiempo. Arrau reconoció que Chile enfrenta hoy la presencia de crimen organizado y la aparición de secuestros, fenómenos que no tenían la misma magnitud hace algunas décadas y que exigen una variación en la estrategia de aplicación. En consecuencia, aseguró que aquellos programas que han sido exitosos y que cuentan con buenos resultados en las evaluaciones técnicas se mantendrán en el tiempo, mientras que otros serán sometidos a un proceso de evaluación.
Por otro lado, el ministro Arrau abordó las críticas surgidas en el ámbito político luego de haber admitido que el Plan de Seguridad de Boric era "suficiente". Ante los cuestionamientos, el secretario de Estado defendió su postura solicitando una distinción clara entre la política pública nacional y el plan de seguridad específico del gobierno actual, liderado por José Antonio Kast.
Arrau planteó que es necesario diferenciar la Política Nacional de Seguridad, la cual tiene una duración de seis años y fue comunicada hace pocos meses, de la estrategia, el plan y la acción concreta que se está ejecutando desde los primeros días de la gestión actual.
Finalmente, al ser consultado sobre si su plan de seguridad partirá desde cero, el ministro aclaró que se ajustará a lo mandata la ley, la cual permite que cada gobierno establezca su propia estrategia basada en sus planes específicos. Para formalizar este proceso, anunció que en los próximos días se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y se constituirá el Consejo Asesor, cumpliendo así con los procesos legales normales. Una vez completadas estas etapas, se contará con la estrategia formal que ya se está aplicando y de la cual se rendirá cuenta ante los parlamentarios.
