La organización no gubernamental Foro Penal ha informado sobre la salida de prisión de ocho efectivos militares en Caracas, quienes recuperaron su libertad plena tras permanecer detenidos durante un periodo cercano a los diez años. Entre los liberados se encuentran siete sargentos y un general, quienes habían sido procesados bajo acusaciones relacionadas con una presunta conspiración dirigida contra el Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, la liberación de estos efectivos se produjo bajo la figura legal de «cumplimiento de la pena». Himiob explicó a la agencia EFE que los militares permanecieron privados de su libertad durante nueve años y seis meses. Este dato resulta relevante dado que la condena impuesta originalmente a los detenidos fue de ocho años de prisión, basándose en el delito de «instigación al odio».
La información detallada sobre la identidad de los liberados fue difundida a través de la red social X por el propio Himiob. En su publicación, se especificó que los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero recibieron su boleta de libertad. Asimismo, se confirmó que el general Ramón Lozada Saavedra también obtuvo el documento que acredita su salida del sistema penitenciario. Según el reporte, la entrega de las boletas de libertad se hizo efectiva a las 20:40 hora local.
Para respaldar la noticia, Alfredo Romero, quien se desempeña como director presidente del Foro Penal, compartió un material audiovisual a través de su cuenta de Instagram. En el video se puede observar el momento exacto en que los sargentos abandonan las instalaciones de la sede del Palacio de Justicia, ubicada en la ciudad de Caracas, inmediatamente después de haber recibido la documentación oficial que les otorga la libertad.
El historial de detención de estos efectivos se remonta a enero de 2017. Según reportes de medios locales, los sargentos fueron detenidos por funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El proceso de detención comenzó cuando los militares fueron llamados a prestar declaraciones; sin embargo, tras asistir a dicho llamado, fueron privados de su libertad y se mantuvieron en una situación de incomunicación total durante los primeros cinco días de su cautiverio.
El proceso de detención no fue lineal. Tras aquel periodo inicial de incomunicación, los sargentos fueron liberados en una primera instancia y devueltos a su unidad militar, la Brigada 42 de Paracaidistas, situada en Maracay, capital del estado Aragua. No obstante, esta libertad fue efímera, ya que fueron apresados nuevamente por otros efectivos pertenecientes a la DGCIM, iniciando así el largo periodo de reclusión que culminó recientemente.
La causa judicial que mantuvo a los ocho militares en prisión estuvo vinculada a la presunta conspiración contra el Ejecutivo, aunque la condena definitiva que determinó su tiempo en cárcel fue la de instigación al odio. El hecho de que hayan pasado nueve años y seis meses en prisión, superando la condena de ocho años impuesta, es el argumento legal que llevó a la ONG Foro Penal a señalar que su salida se debe estrictamente al cumplimiento del tiempo sentenciado.
Con la obtención de la boleta de libertad, el general Ramón Lozada Saavedra y los siete sargentos cierran un ciclo judicial que comenzó hace casi una década, marcando el fin de su permanencia en el sistema penitenciario tras haber sido procesados por los órganos de contrainteligencia militar y el sistema de justicia en Caracas.
