La organización no gubernamental venezolana Foro Penal ha informado este martes, 26 de mayo de 2026, sobre la liberación de ocho efectivos militares que permanecieron detenidos durante un periodo cercano a los diez años. Estos individuos habían sido señalados y procesados por su presunta participación en una conspiración dirigida contra el gobierno nacional, una causa judicial en la que también estuvo involucrado el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció en el año 2021 mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, el grupo de liberados está compuesto por siete sargentos y un general. Himiob precisó que los efectivos recuperaron su libertad plena bajo la figura legal de "cumplimiento de la pena". Un dato relevante subrayado por el representante de Foro Penal es que los militares pasaron un total de nueve años y seis meses en prisión, a pesar de que la condena impuesta originalmente había sido de ocho años por el delito tipificado como "instigación al odio".
En una publicación realizada a través de la red social X, Himiob detalló la identidad de los sargentos que recibieron la boleta de libertad: Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozte, Jairo Villegas y Noé Romero. Asimismo, se confirmó la liberación del general Ramón Lozada Saavedra. Según la información proporcionada, el documento oficial que otorgaba la libertad fue entregado a los militares a las 20:40 hora local, lo que corresponde a las 00:40 GMT. El proceso de salida fue documentado mediante un video compartido en la plataforma Instagram por Alfredo Romero, miembro del Foro Penal, donde se observa a los sargentos abandonando las instalaciones de la SEADA.
Al revisar los antecedentes del caso, medios de comunicación locales reportaron que los sargentos fueron detenidos originalmente en enero de 2017. El operativo fue ejecutado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), luego de que los efectivos fueran llamados a prestar declaración. Tras su captura, los militares permanecieron en un estado de incomunicación total durante los primeros cinco días de su detención.
Durante el tiempo que duró el cautiverio, diversos familiares de los detenidos denunciaron que los efectivos fueron sometidos a torturas sistemáticas. Entre los abusos reportados se mencionan golpes físicos, la aplicación de descargas eléctricas y periodos prolongados de aislamiento. Estas agresiones habrían ocurrido en el marco de las investigaciones que buscaban vincular a los sargentos con un supuesto plan de golpe de Estado que habría sido encabezado por el general Raúl Isaías Baduel.
El caso del general Ramón Lozada Saavedra presenta una trayectoria procesal distinta. Los reportes indican que fue detenido inicialmente en enero de 2017, logrando obtener una medida de libertad condicional en el año 2018. Sin embargo, un año después, en 2019, fue capturado nuevamente bajo la acusación de estar vinculado a una presunta conspiración cuyo objetivo final era el asesinato de Nicolás Maduro.
En cuanto al proceso judicial, se ha resaltado la falta de celeridad en las actuaciones legales. Los militares implicados pasaron un año y medio esperando la celebración de una audiencia preliminar. Además, según datos difundidos por medios locales, el proceso sufrió más de 60 diferimientos antes de que se pudiera proceder a la apertura formal del juicio.
Finalmente, la noticia evoca la figura del general Raúl Isaías Baduel, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el periodo 1999-2013 bajo el mando de Hugo Chávez. Baduel fue encarcelado en 2017 tras la revocación de una medida cautelar que había obtenido previamente en 2015. Durante su detención, se le imputaron nuevos delitos, incluyendo cargos contra la independencia y la integridad de la nación, lo que prolongó su encierro de forma indefinida.
La trayectoria de Baduel terminó en octubre de 2021, cuando la Fiscalía General informó que el militar había fallecido debido a un paro cardiorrespiratorio derivado de la covid-19. No obstante, su familia negó que el general estuviera enfermo, mientras que el gobierno de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron en su momento que se realizara una investigación independiente sobre las circunstancias de su deceso.
