Durante décadas, el modelo económico de Costa Rica se centró primordialmente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa. Estos esfuerzos dieron resultados tangibles, especialmente con la implementación de zonas francas y la llegada de empresas multinacionales, lo que permitió diversificar la base económica del país y elevar significativamente los volúmenes de exportación. Sin embargo, el panorama actual plantea una interrogante más profunda sobre el impacto real de este crecimiento en la población: ¿se están generando suficientes empleos de calidad para la mayoría de los costarricenses?
Esta reflexión encuentra eco en las tesis del economista Dani Rodrik, quien en su obra "Shared Prosperity in a Fractured World" argumenta que la pregunta sobre la generación de buenos empleos es la más relevante de nuestra era económica. Según Rodrik, la fortaleza de una economía no reside únicamente en el crecimiento de sus indicadores macroeconómicos, sino en el desarrollo real, el cual ocurre cuando la ciudadanía tiene acceso a empleos productivos, estables y bien remunerados. Estos puestos de trabajo son el cimiento para construir una vida digna y consolidar una clase media sólida.
Desde una perspectiva social, el empleo trasciende la mera obtención de ingresos. Representa una fuente de dignidad, reconocimiento social, estabilidad y sentido de pertenencia. Cuando el sistema económico falla en crear suficientes oportunidades laborales de calidad, las repercusiones superan lo financiero, derivando en un aumento de la frustración social, la polarización política y una creciente desconfianza en las instituciones. En este sentido, la salud de la democracia depende directamente de la existencia de rutas creíbles de movilidad social y progreso económico.
En el contexto costarricense, este desafío es evidente. Si bien la tasa de desempleo ha mostrado una disminución tras la crisis sanitaria, existen señales estructurales preocupantes. Según análisis citados por Andrés Fernández Arauz, la tasa de ocupación —el porcentaje de personas mayores de 15 años con empleo— ha caído. Antes de la pandemia, esta cifra rondaba el 56%, mientras que actualmente apenas supera el 50%. Esta diferencia se traduce en aproximadamente 250.000 personas que han quedado fuera del mercado laboral en comparación con el periodo previo al covid-19.
Esta contracción del empleo ha afectado de manera desproporcionada a dos sectores críticos: mujeres y jóvenes. Muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar el mercado laboral debido al incremento de las responsabilidades de cuido y la falta de servicios suficientes de atención infantil y para personas adultas mayores. Por su parte, los jóvenes han sufrido una caída severa en su incorporación laboral, perdiendo oportunidades cruciales para adquirir experiencia y desarrollar habilidades en una etapa vital de su formación profesional.
Simultáneamente, la estructura del mercado laboral en Costa Rica ha experimentado una transformación profunda. Actualmente, más del 70% del empleo nacional se concentra en el sector de servicios, mientras que la agricultura representa menos del 9% y la manufactura cerca del 10%. Este cambio refleja una tendencia global donde la tecnología y la productividad permiten generar más con menos mano de obra en los sectores primario y secundario. La mayor parte de la fuerza laboral se ubica ahora en servicios no transables, como el comercio, restaurantes, transporte, logística local, turismo, salud, educación y cuido, sectores donde se concentra la mayor parte de la informalidad.
La informalidad laboral es uno de los obstáculos más críticos, afectando a cerca del 38% del empleo nacional, lo que equivale a unos 874.000 trabajadores. Para este grupo, la realidad se traduce en inestabilidad, bajos salarios y ausencia de protección social, lo que limita drásticamente sus posibilidades de movilidad ascendente. Ante esto, Rodrik sugiere que muchos de los empleos del futuro en servicios no requerirán necesariamente educación universitaria avanzada, sino habilidades prácticas, organizacionales, digitales y de interacción humana. Por lo tanto, el reto nacional no es solo formar más profesionales, sino elevar la productividad y la formalidad de los millones de empleos en sectores como la logística, el comercio y el turismo.
Costa Rica posee las herramientas institucionales para revertir esta situación. Entidades como el INA, el Ministerio de Trabajo, Procomer, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), las universidades, municipalidades y cámaras empresariales ya ejecutan esfuerzos de capacitación. No obstante, el problema reside en la desarticulación de estas acciones. Un ejemplo concreto es la Ley del SBD, que estipula que el INA debe destinar al menos el 15% de su presupuesto para apoyar a beneficiarios del SBD mediante asistencia técnica y capacitación, lo que representa unos ¢42.000 millones anuales que podrían modernizar pymes intensivas en empleo.
Para alcanzar este objetivo, es imperativa una estrategia nacional coordinada que articule financiamiento, innovación, digitalización y formalización. El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el SBD podrían jugar un rol estratégico en el financiamiento de la modernización productiva. Sin embargo, esta coordinación requiere un liderazgo estratégico desde la Presidencia de la República y Mideplán, adoptando el enfoque de "Centros de Gobierno" promovido por la OCDE, evitando que la estrategia fracase por falta de ejecución o coordinación. El éxito económico del país deberá medirse, finalmente, por la cantidad de personas que logren una vida digna a través de su trabajo.
