La administración del presidente José Antonio Kast atraviesa una semana de intensa actividad política y social, marcada por la búsqueda de consensos legislativos, la implementación de medidas estrictas de seguridad y migración, y el surgimiento de focos de conflicto con sectores estudiantiles y sociales. El escenario actual refleja un Ejecutivo que intenta avanzar en su agenda económica y administrativa mientras gestiona la presión de la oposición y las demandas de la ciudadanía.
En el ámbito legislativo, el foco se encuentra en la discusión de la Ley Miscelánea. El biministro Claudio Alvarado ha manifestado la disposición del Gobierno para extender los plazos de debate en el Senado, siempre y cuando esta flexibilidad facilite la concreción de acuerdos con los sectores de oposición. Alvarado hizo un llamado explícito al Socialismo Democrático para que presenten propuestas concretas, poniendo especial énfasis en materias relacionadas con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el crédito al empleo. El representante gubernamental reconoció que el escenario en la Cámara Alta será más complejo y estrecho en comparación con lo vivido en la Cámara de Diputados, subrayando que la estrategia del Ejecutivo es buscar un respaldo más amplio que se limite a uno o dos votos. Asimismo, respecto a Alejandro Kusanovic, Alvarado señaló que aún existe tiempo para entablar conversaciones antes de que el debate formal se retome el próximo 2 de junio.
En materia de seguridad y relaciones exteriores, Chile ha tomado la iniciativa de convocar a una reunión regional contra el crimen organizado y el narcotráfico. El encuentro, programado para el 28 de mayo en Santiago, reunirá a cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El objetivo central es fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional, optimizando la coordinación, el intercambio de información y la interoperabilidad entre las instituciones de los países invitados. El canciller Francisco Pérez Mackenna advirtió que las amenazas actuales superan las fronteras nacionales, asegurando que los esfuerzos individuales resultan insuficientes. Se espera que la cita culmine con la redacción de un documento que establezca medidas concretas de acción conjunta.
Paralelamente, el Gobierno ha intensificado sus políticas migratorias. Este domingo se concretó un nuevo vuelo chárter de expulsión de extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales. En esta ocasión, se utilizó por primera vez un avión comercial completo de Sky Airline, contando con el escoltamiento de la Policía de Investigaciones (PDI). Según datos proporcionados por el Servicio de Migraciones, fueron expulsadas 80 personas: 55 hacia Colombia y 25 hacia Bolivia. El desglose de las expulsiones indica que 60 fueron administrativas y 20 judiciales, siendo la causal principal el ingreso por pasos no habilitados en 45 de los casos. Esta operación representa el tercer vuelo de este tipo realizado desde el 11 de marzo.
En el plano social, la tensión aumenta con la confirmación del desalojo de la megatoma Cerro Centinela en San Antonio. El delegado regional Manuel Millones informó que el operativo no se llevará a cabo antes del 15 de junio, tiempo que se utilizará para coordinar la acción con Carabineros, informar a las familias afectadas y gestionar el apoyo municipal para traslados y albergues. Esta medida se complementa con otro desalojo previsto en un predio colindante de Esval, el cual involucra a más de 545 familias. El ministro Iván Poduje ratificó que el proceso se ejecutará estrictamente bajo lo dispuesto en el fallo judicial.
A este clima se suma la convocatoria de la Confech para una movilización nacional el 3 de junio, apenas dos días después de la primera Cuenta Pública del presidente Kast. Bajo la consigna “por una Educación al servicio del país”, la organización estudiantil busca manifestar su rechazo a las medidas gubernamentales, específicamente contra el programa de Escuelas Protegidas, la mega reforma educativa y los recortes presupuestarios que, según la Confech, precarizan a las comunidades educativas.
En el ámbito institucional, la UDI ha solicitado al Ministerio Público la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar la sobreestimación de producción en Codelco. La empresa estatal admitió que en 2025 se contabilizaron erróneamente casi 27 mil toneladas de cobre, lo que representa cerca del 2% de su producción anual. Aunque los diputados Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero valoraron que Codelco entregara los antecedentes a la Fiscalía, consideraron la acción insuficiente y exigieron mayor detalle, además de monitorear la devolución de US$14,3 millones en bonos.
Finalmente, el Ejecutivo enfrenta críticas de la oposición por la creación de biministerios y la posible fusión de carteras. Parlamentarios como Jaime Araya, César Valenzuela y Daniela Serrano han cuestionado estas medidas, sugiriendo que buscan encubrir errores administrativos y sobrecargar a las autoridades. Valenzuela señaló específicamente que la unión de Obras Públicas y Transportes no es viable. Mientras tanto, la UDI y Republicanos han defendido la iniciativa.
En el plano internacional, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señaló desde Nueva Delhi que podría concretarse este lunes un acuerdo con Irán para terminar la guerra. Rubio indicó que Washington posee una propuesta sólida para reabrir el estrecho de Ormuz, punto crítico para el tráfico mundial de hidrocarburos, y expresó confianza en que Teherán acceda a una negociación real y limitada sobre el tema nuclear.
