La Fiscalía General de la República (FGR) ha formalizado la citación de dos mandatarios estatales para que comparezcan ante el Ministerio Público de la Federación. Se trata de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, quienes han sido convocados para rendir declaraciones en el marco de investigaciones distintas que afectan la seguridad y el orden legal del país.
En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la citación tiene como objetivo que el funcionario "rinda una entrevista" en relación con las acusaciones presentadas por el gobierno de los Estados Unidos. Dichas acusaciones señalan la presunta recepción de sobornos provenientes del cártel de Sinaloa, con el fin de brindar protección a las actividades delictivas de dicha organización criminal.
Por otro lado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha sido citada para comparecer en calidad de testigo. Su intervención es requerida dentro de un expediente iniciado por presuntos delitos contra la seguridad nacional. Esta investigación surge a raíz de la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en un operativo antinarcóticos llevado a cabo en territorio mexicano.
Ante la difusión de estas notificaciones, la Secretaría de Gobernación emitió una aclaración para precisar la naturaleza de estos llamados. La dependencia señaló que los citatorios dirigidos a las autoridades de Chihuahua y Sinaloa responden estrictamente a un "asunto de procedimiento" dentro de las investigaciones en curso. Asimismo, subrayó que el objetivo es que acudan como testigos, asegurando que todas las actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y enfatizando que los procesos no tienen un interés político.
Por su parte, la FGR puntualizó que el propósito de estas citaciones en la sede del Ministerio Público de la Federación es avanzar en ambos casos con "seriedad y exhaustividad". Mientras que en el oficio dirigido a María Eugenia Campos se especifica que el fin es "recabar su entrevista en calidad de testigo", para Rocha Moya el documento indica que debe "rendir entrevista".
Respecto al expediente vinculado a Sinaloa, la situación es compleja. Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve exfuncionarios estatales, fueron señalados por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se les acusa de haber aceptado sobornos del cártel de Sinaloa para facilitar y proteger sus operaciones. Debido a esto, el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente al gobierno mexicano la detención provisional de los implicados con fines de extradición.
En respuesta a estas solicitudes, las autoridades mexicanas han solicitado al gobierno estadounidense la entrega de información y pruebas que acrediten que los señalados incurrieron efectivamente en actos delictivos.
Este caso cobró relevancia el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la orden de aprehensión emitida por una corte federal. Además del gobernador con licencia, la orden incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; a Dámaso Castro, quien fuera vicefiscal de la entidad; y a Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefes de la Policía de Investigación. También fueron señalados José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía estatal, y Juan Valenzuela Millán, mando de la Policía Municipal de Culiacán.
Asimismo, el proceso incluyó la solicitud de detención provisional de los ex secretarios de Seguridad de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, y de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. Se ha informado que ambos funcionarios ya se entregaron voluntariamente a la justicia de los Estados Unidos, aunque hasta el momento no se ha revelado la situación jurídica actual de Enrique Díaz Vega en aquel país.
En cuanto a la investigación en Chihuahua, la comparecencia de la gobernadora Campos se da en un contexto donde 50 funcionarios han sido citados. La indagatoria se centra en un operativo antinarcóticos realizado los días 17 y 18 de abril pasados en la zona de la Sierra del Pinal, Chihuahua, en el cual participaron agentes de la CIA.
La FGR mencionó que, además de la gobernadora constitucional del estado, también ha sido citado el ex fiscal general de Justicia de dicha entidad. Ambos deberán rendir su entrevista ministerial con el propósito de esclarecer los hechos investigados bajo la tipificación de delitos contra la seguridad nacional.
