La licitación de la Hidrovía, impulsada por el gobierno de Javier Milei, se encuentra en el centro de una tormenta de irregularidades que trasciende las fronteras argentinas. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos locales sobre la transparencia del proceso, ha escalado a un conflicto de inteligencia internacional, donde Estados Unidos ha alertado sobre la existencia de vínculos ocultos con China, una situación que la administración nacional había negado rotundamente.
Según informes detallados por el diario The Floridian, autoridades estadounidenses exhibieron recientemente un documento de inteligencia a Santiago Caputo, asesor clave del gobierno, durante una visita a legisladores y agencias republicanas. El informe revela la existencia de "vasos comunicantes" entre el proceso de licitación y el gobierno chino. A pesar de que el pliego oficial excluía explícitamente a empresas con pertenencia estatal —lo que teóricamente dejaba fuera a China—, las tareas de inteligencia detectaron una realidad distinta.
El seguimiento realizado por agencias estadounidenses, incluyendo la DEA, identificó al menos 255 puntos de contacto entre emisarios de la embajada china en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo dirigido por Iñaki Arreseygor. Estas interacciones, registradas desde septiembre del año pasado hasta mayo de este año, incluyeron viajes de delegados chinos a lo largo de toda la traza del río.
En este entramado aparece la empresa Servimagnus, perteneciente al conglomerado Loginter y controlado por la familia Román. Según la investigación, ejecutivos de Servimagnus promovieron el uso de tecnología china en Argentina, utilizando incluso empresas extranjeras para ocultar los lazos con el Estado asiático. Loginter mantiene asociaciones con gigantes como Huawei y Cosco, lo que ha encendido las alarmas en Washington. Figuras influyentes como el canciller Marco Rubio y Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, han manifestado su preocupación por la "maligna influencia" china en este contrato estratégico. Ante estas advertencias, Santiago Caputo habría declinado los reclamos asegurando que la administración es "pro americana y opositora a China".
Paralelamente, el proceso licitatorio enfrenta graves denuncias de fraude documental. La empresa brasileña DTA Engenheria Ltda, que quedó fuera de la competencia, denunció la presentación de un documento apócrifo que simulaba ser un aval de las Naciones Unidas. Tras analizar los papeles presentados por la empresa belga Jan de Nul, DTA detectó que el supuesto respaldo de la UNCTAD fue elaborado en un archivo de Word por una persona llamada Rafael Escutia, vinculado a la consultora española Port Insight Consulting SL. El documento carece de firma criptográfica, código oficial de UNCTAD, ISBN o descargo editorial de la ONU, lo que sugiere una falsificación para justificar criterios técnicos y bandas de precios.
En el plano económico, la licitación ha sido criticada por una presunta "cartelización" del precio base del peaje. Tanto Jan de Nul como la empresa DEME ofrecieron una tarifa de 3,80 dólares por tonelada de registro neto en la etapa 0. Lejos de buscar la optimización de costos logísticos mediante un precio máximo, se estableció un precio mínimo que, según analistas, terminará afectando la competitividad de los medianos y pequeños productores agrícolas, quienes absorberán el costo final del transporte por la vía troncal del Paraná.
A nivel judicial, la situación es contradictoria. Mientras el juez Daniel Rafecas rechazó una medida cautelar que frenara la licitación, siguiendo la recomendación de la fiscalía de Guillermo Marijuan, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) mantiene su investigación. La PIA ha advertido que el pliego actual es una "fotocopia" de uno rechazado el año pasado por irregularidades, incluyendo una deuda de 80 millones de dólares que el Estado mantiene con el sector privado y que, inexplicablemente, se derivaría al ganador de la licitación.
El panorama describe un proceso donde la empresa belga Jan de Nul parece tener el camino allanado mediante un pliego diseñado a medida, con un socio local en el Grupo Neuss y Loginter, y bajo la sombra de irregularidades técnicas y diplomáticas que ponen en riesgo la transparencia de la mayor privatización de la era Milei.
