Santiago, 23 de mayo. Un grupo de parlamentarios ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República que lleve a cabo una fiscalización exhaustiva a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El requerimiento, enviado a la contralora Dorothy Pérez, busca que la revisión se realice a través de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), luego de que surgieran antecedentes que apuntan a eventuales irregularidades en las cifras de producción reportadas por la empresa estatal durante el año 2025.
La iniciativa fue encabezada por el diputado Daniel Valenzuela y contó con el respaldo de otros 12 legisladores pertenecientes a Renovación Nacional y al Partido Republicano. El núcleo de la denuncia se centra en la División Chuquicamata, donde, según se indica en el oficio, una auditoría interna de carácter preliminar habría detectado inconsistencias significativas en el registro de aproximadamente 20 mil toneladas métricas finas de cobre.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por los parlamentarios, estas 20 mil toneladas habrían sido contabilizadas e incorporadas como producción terminada durante el mes de diciembre de 2025. Sin embargo, el cuestionamiento radica en que dicho material no habría cumplido plenamente con las exigencias técnicas y comerciales que la propia empresa estatal tiene establecidas para sus procesos de producción.
Para sustentar la solicitud de fiscalización, los legisladores presentaron datos comparativos sobre la producción de la estatal. En el documento se menciona que, durante el mes de diciembre, Codelco informó una producción cercana a las 172 mil toneladas métricas finas. Esta cifra resulta llamativa y considerablemente superior al promedio mensual registrado durante el resto del año, el cual se situaba en torno a las 105 mil toneladas.
Según la tesis sostenida por los parlamentarios, este incremento abrupto y las inconsistencias en el registro habrían tenido como objetivo mostrar resultados más favorables al cierre del ejercicio anual. Esta acción habría permitido, presuntamente, alcanzar metas específicas vinculadas a la entrega de incentivos y el pago de bonos. En este sentido, el diputado Valenzuela aseguró que se produjo una inflación sobre la producción, lo que habría derivado en el pago de sobresueldos que superan los 14 millones de dólares.
Ante esta situación, el diputado Valenzuela enfatizó la importancia de esclarecer los hechos, considerando la naturaleza de la organización involucrada. "Estamos hablando de la principal empresa del Estado y de recursos que pertenecen a todos los chilenos. Por eso, aquí no puede haber dudas ni zonas grises. Lo que corresponde es una investigación profunda, transparente y con total independencia", sostuvo el legislador.
Asimismo, el parlamentario manifestó su preocupación por las barreras que han existido históricamente para supervisar la gestión de la minera estatal. Valenzuela señaló que la clase política ha intentado fiscalizar a Codelco durante muchos años, pero que los esfuerzos generalmente se han topado con una "muralla". Por este motivo, el grupo de diputados busca que la Contraloría, apoyándose en la capacidad técnica de Cochilco, pueda verificar que los recursos que ingresan al Estado sean efectivamente los que corresponden según la producción real.
El diputado fue enfático al plantear que es necesario determinar las responsabilidades individuales detrás de este episodio, cuestionando quién cometió el error, quiénes son los responsables directos y qué tipo de sanciones deberán aplicarse una vez concluida la investigación.
Finalmente, los parlamentarios solicitaron que el proceso de revisión sea riguroso y que, en caso de que se detecten posibles delitos asociados a fraude o a la alteración de información financiera, los antecedentes sean remitidos de inmediato al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. El objetivo final es que estas instituciones determinen las responsabilidades legales correspondientes y se actúe conforme a la ley ante cualquier irregularidad administrativa o financiera en la empresa estatal.
